Una de las reformas estructurales pendientes de España es la reducción del número de entes públicos, políticos y administrativos, así como de personas dedicadas a la política o a la administración. Hay que hacer un esfuerzo de racionalización para evitar costes y duplicidades administrativas. El número excesivo procede de la pluralidad de entes territoriales: ayuntamientos, organismos comarcales, diputaciones, Consejos insulares, etc. a los que se les ha superpuesto, por creación constitucional, las Comunidades Autónomas con sus respectivos parlamentos, gobiernos, administración autonómica y organismos autónomos y empresariales surgidos a su amparo; pero el exceso también nace del principio de autonomía funcional reconocido para cada nivel territorial. Para corregir esta saturación habrían de calcularse los costes de cada ente y adecuarlos a un modelo de reparto de funciones (y costes); es decir, se debe conocer, por razones de buena gestión económica, qué competencias tiene cada nivel territorial (empezando por el cierre de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas), cuánto se destina a gastos de organización y de personal, cuánto se debería destinar según sus funciones y lo que representa respecto al total de gastos e ingresos ordinarios para conocer su eficiencia. Sigue leyendo →