Con veinticuatro horas de adelanto Puigdemont convocó el ‘caga tió’ de 2016, aunque la tradicional fiesta navideña no la protagonizaron en esta ocasión niños con caras asombradas junto al hogar de la masía ni el tronco cagó avellanas y turrón, como manda la tradición. En el patio del Parlament donde moran los espíritus de Clarís, Casanovas y Companys, el President, flanqueado por Forcadell y Colau, ofició de sumo sacerdote del aquelarre secesionista convocado para intentar sumar el apoyo del brazo de los comunes a su última ocurrencia: reeditar la consulta del 9-N, esta vez ‘con garantías y apoyo internacional’, antes de septiembre de 2017. La velada estuvo amenizada por el coro nacional AMI-ANC-Omnium que entonaron el ‘A punt, segadors’ mientras Gabriel (CUP) aporreaba el tronco con su femenina furia iconoclasta. Terminada la reunión, Junqueras, el hombre fuerte del gobierno, reafirmó su voluntad de realizar el referéndum, casi con toda probabilidad unilateralmente, y su disposición a apurar el cáliz del martirio hasta la última gota de cava.
Referéndum 2017
El pacto nacional por el derecho a decidir no se convocaba desde que su inventor y primera víctima, el ex-presidente Mas, lo hiciera por cuarta vez en marzo de 2015 para calentar las elecciones autonómicas del 27-S. Ante la negativa de la CUP a apoyar el inicio de la tramitación de los presupuestos de la Generalitat, Puigdemont se vio obligado a convocar de nuevo el aquelarre secesionista e incluyó como único punto sustantivo del orden del día rebautizarlo como ‘pacto nacional por el referéndum’, en un intento de contentar a los ‘cuperos’ que exigen realizar “un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017 con una pregunta clara y binaria”.
Mal que les pese a sus promotores, lo cierto es que el nuevo invento, como el anterior, ni es nacional –Cataluña es, según el Estatut de Cataluña, una nacionalidad que “ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución”– ni puede convocar referéndum alguno –una competencia que corresponde al Rey quien, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso, puede convocar a “todos los ciudadanos” para expresar su opinión en asuntos de especial trascendencia–. Ni Puigdemont ni el Parlament de Cataluña ni ningún pacto ‘nacional’ que alumbren pueden arrogarse esta facultad ni restringir la participación a aquellos ciudadanos que, por estar empadronados y poseer la “vecindad administrativa” en Cataluña, somos, según el Estatut, catalanes.
Los políticos secesionistas parecen no haber comprendido todavía que los catalanes no podemos legalmente organizar un referéndum para separarnos de España, sin reformar previamente la Constitución, como tampoco los catalanes empadronados en Barcelona, Hospitalet o Badalona pueden organizar una consulta para separarse de Cataluña sin modificar el Estatut que fija los límites geográficos y administrativos de la Comunidad Autónoma. Por cierto, un Estatut que también establece que “las relaciones entre la Generalitat y el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional”, un principio que Puigdemont y Forcadell quebrantan de continuo cuando afirman sin pudor que ellos sólo se sienten obligados a acatar las resoluciones y normas aprobadas por el Parlament de Cataluña. No es por sus ideas ni por sus opiniones a favor de la secesión de Cataluña por lo que ex–presidente Mas y los ex-consejeros Homs, Ortega y Rigau, y la presidenta del Parlament Forcadell están siendo investigados y van a ser juzgados, sino por asumir competencias que no les corresponden y destinar recursos públicos a urdir planes para constituir una república independiente, situándose en el ejercicio de sus funciones públicas por encima de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional y las advertencias de los letrados del propio Parlament de Cataluña.
Del ‘mesías’ al ‘cagané’
Gobernar a golpe de manifestaciones bordeando astutamente la ilegalidad, como hizo Mas, ha tenido consecuencias nefastas, no sólo para la sociedad catalana, hoy seriamente fracturada, sino también para su propia coalición de gobierno, CiU, que tras obtener 62 escaños en 2010 acabó deshaciéndose y quedando a merced de ERC y la CUP. UDC ya se quedó sin representación en las últimas elecciones y las últimas encuestas auguran un futuro sombrío para CDC que podría convertirse, con 15-17 escaños, en la quinta fuerza política en el Parlament de Cataluña. El desastre al que […]
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Un artículo de Clemente Polo, publicado en EXPANSIÓN el 28 de diciembre de 2016.