El Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy ha dicho el 11 de Julio de 2012 en el Congreso de los Diputados, al presentar las medidas para el nuevo ajuste presupuestario antidéficit de 65.000 millones de euros que: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”. Ha sido la política socialista de inmenso gasto y déficit públicos mantenida durante los años 2008 a 2011 la que nos ha llevado a los españoles, y a España, a la pérdida de la libertad económica y fiscal y ya “sólo” caben más y más sacrificios para recuperar la libertad; pero…, siendo necesarios los sacrificios, es importante que se distribuyan con equidad entre todos los españoles, instituciones y servicios, mediante un plan que sea visible, comprensible y completo.
¡Vaya gestión política y económica del anterior gobierno que nos ha llevado a perder la libertad! El deterioro heredado es la causa de la pérdida de la libertad y los efectos de esta falta de libertad son muy graves, en el ámbito económico, político y social pues alcanzan a España, es decir, al país entero. La falta de independencia económica exige cubrir el gasto corriente y ha obligado al Estado a pedir prestados 90.000 millones de euros en cada uno de los últimos 5 años; en concreto, en este año 2012, a pesar de los mayores impuestos vigentes, hay que pedir casi 70.000 Millones de Euros; es peor, porque esos préstamos no son para efectuar inversiones productivas sino para pagar el funcionamiento “ordinario” de las administraciones públicas: estatal, comunidades autónomas y ayuntamientos; pero, incluso, es todavía peor, porque los inversores o prestamistas han perdido la confianza en la economía española y nos exigen un tipo de interés de casi el 7% anual para comprar los bonos a 10 años. El déficit tiene un segundo efecto negativo, el político, pues da imagen de país debilitado y, finalmente, tiene un tercer efecto negativo, el social, ya que la población española, con 6 millones de desempleados, vive un presente inseguro y necesita expectativas y ánimo ante el futuro.
En resumen, el déficit público produce un perjudicial efecto multiplicador y hay que combatirlo, con decisión política, con urgencia, con el ánimo de todos, porque un país independiente no puede permanecer largo tiempo en situación de dependencia por lo que para recuperar nuestra libertad es imperativo equilibrar el presupuesto, de inmediato.
Hasta ahora, no vemos un plan completo en la guerra contra el déficit pero sentimos que los españoles estamos sufriendo la peor parte, pues las medidas del Gobierno, ante la carencia de liquidez, han sido, básicamente, subir urgentemente los impuestos y rebajar el sueldo a los empleados públicos, y esto disgusta a la responsable población española. Esperamos que la subida de impuestos sea provisional y que el plan necesario se centre en cortar los excesos del sistema organizativo que son los gastos estructurales de las 3 administraciones, los gastos de cargos políticos (ya hay un anuncio de reducir el 30% de concejales), los gastos por contratados laborales en las administraciones, los gastos de miles de fundaciones, empresas, TV, subvenciones, etc.
Ante la necesidad de simplificar las estructuras autónomicas algunos portavoces de Comunidades Autónomas han manifestado su oposición por las, hasta ahora, mínimas medidas de recorte del gasto autonómico y van declarando, de malas formas, su rebeldía contra ellas, creando un evidente malestar entre los españoles porque sus palabras, a veces, son injustas, insolidarias e incluso ofensivas. No pueden perderse las formas educadas, ni olvidarse que todos debemos cumplir las leyes, porque: España es un Estado unitario, la Constitución Española de 1978 estableció el sistema constitucional de Estado de Derecho y el Estado controla a las Comunidades Autónomas.
1,.- La autonomía no es soberanía; el art. 1.2 de la CE, dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Y en su art. 2 que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…”.
Debemos transmitir la imagen de lo que somos: una nación unida.
2.- Las Comunidades Autónomas están sometidas al principio de legalidad y deben cumplir la Constitución y las leyes. El art. 9 de la CE dice: “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y el art. 9.3: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa… la seguridad jurídica, la responsabilidad…de los poderes públicos”.
3.- En España existe un marco legal constituido por la Constitución, la normativa española y los Tratados de la UE. El art. 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de Septiembre de 2011, dispone: “1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.
Con base en este precepto y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y la Gobernanza en la UE y Monetaria, de 2 de Marzo de 2012, se ha aprobado y ha entrado en vigor, la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera de 22 de Abril de 2012 que regula la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y ha introducido mecanismos de disciplina presupuestaria para todas las Administraciones públicas españolas, incluidas por tanto, las Comunidades Autónomas; las medidas son preventivas, correctivas y coercitivas y para el supuesto de que las Comunidades Autónomas no adopten los acuerdos o cumplan las medidas propuestas se aplicará el art. 155 de la Constitución Española que habilita al Gobierno a la adopción de medidas para obligarlas a su cumplimiento forzoso.
La Unión Europea ha recomendado al Gobierno algunas de las medidas de ajuste que se han tomado y nos va a ayudar con 100.000 millones de euros para la recapitalización bancaria; por ello, y porque no tenemos libertad de elección se han de aplicar estas medidas que no son caprichosas o arbitrarias, sino necesarias, para detener el déficit que padecemos en España.
CONCLUSIÓN
Efectivamente, como dijo el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados los españoles hemos perdido nuestra capacidad de elección económica y debemos sacrificarnos para pagar la gigantesca deuda pública y reducir el déficit estructural administrativo. Sería bueno tener un plan completo antidéficit que reduzca el tamaño de las administraciones porque, hasta ahora, los ajustes han recaído sobre los españoles con la subida de impuestos y reducción de retribuciones a los funcionarios; lamentablemente, a pesar de ello, algunas Comunidades Autónomas, principales causantes del déficit, amenazan con rebelarse contra los, hasta ahora, escasos ajustes que les afectan pero, deben recordar, que están sometidas a la ley y que los españoles queremos recuperar urgentemente nuestra libertad, por ello deben reducir sus estructuras.