Se ha celebrado en Cádiz, los días 16 y 17 de Noviembre de 2012, la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos, bajo el título “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”.
La Cumbre ha sido muy importante porque 16 países Iberoamericanos han estado representados por sus jefes de Estado, entre ellos el Rey de España, y en su defecto, por sus Ministros de Asuntos Exteriores; también ha asistido como invitado el Presidente de la Comisión Europea Sr. Durao Barroso. Pero ha sido especialmente relevante por su contenido; se ha conmemorado con brillantez el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, se han adoptado acuerdos concretos con 18 comunicados especiales de diversa índole, entre otros, sobre la ley Helms-Burton, apoyo contra el terrorismo, sobre el terremoto de Guatemala, un programa de acción sobre estrategia de cooperación, y, finalmente, se ha efectuado “La Declaración de Cádiz”.
“La Declaración de Cádiz” es un texto relevante que ha sido firmado por todos los altos representantes asistentes y cuyo contenido alude tanto al pasado como al futuro político administrativo del conjunto de los países iberoamericanos. Por un lado ha recordado los principios de la Constitución de Cádiz de 1812 y ha reconocido su influencia en el ordenamiento jurídico-político de los países iberoamericanos que fueron alcanzando la independencia en los años posteriores a dicha Constitución; y, por otro lado, analiza los problemas comunes políticos y sociales actuales de los estados iberoamericanos y marca la senda para su superación: en narcotráfico, desarrollo económico, bienestar, corrupción, transparencia.
La Declaración de Cádiz de 17 de Noviembre de 2012 ha reconocido que la Constitución de 1812 fue un hito histórico fundamental del acervo constitucional iberoamericano que incorporó los principios de libertad individual, democracia, soberanía popular, separación de poderes, legitimidad e igualdad jurídica; dice, asimismo, que la Constitución de 1812 contribuyó “a establecer un nuevo ordenamiento político que instituyó la noción de ciudadanía, determinó el sometimiento de los gobernantes a las leyes de la Nación y estableció formas de libre elección de las autoridades”.
Aquellos principios liberales que tanta influencia tuvieron sobre el constitucionalismo posterior, español y de los países iberoamericanos, siguen siendo plenamente válidos en 2012 y así lo reconoce la Declaración de Cádiz de 2012, y además, anima a seguir avanzando para su “efectiva” implantación y para que superen el carácter puramente declarativo.
La Declaración de Cádiz de 2012 desea renovar la relación de los países iberoamericanos y centra en 6 ejes fundamentales sus áreas de colaboración; cita el desarrollo económico y de las infraestructuras (transporte, telecomunicaciones, energía y uso de agua), la promoción de las pequeñas y medianas empresas para incrementar la productividad y competitividad, el impulso de la educación, condiciones de trabajo decente y fortalecimiento institucional.
Para innovar las legislaciones de los respectivos países y mejorar el ámbito institucional de cada país, se han convenido objetivos, que vamos a enumerar y que sería muy conveniente que España incorporara a la legislación para mejorar las condiciones de nuestra democracia, la transparencia pública y la necesaria participación ciudadana en los asuntos políticos. Casi literalmente, dice la Declaración:
1.- Impulsar medidas para fortalecer la confianza, la eficiencia administrativa, la transparencia, la rendición de cuentas, la coordinación interadministrativa y la prevención y lucha contra la corrupción según lo estableció en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
2.- Intercambiar experiencias para implantar buenas prácticas tendentes a garantizar el respeto de la ley y del Estado de Derecho.
3.- Adoptar políticas de transparencia que incrementen la información que los estados deben hacer pública, reconocer derechos de acceso a la información estatal y promover el acercamiento de las instituciones públicas al ciudadano.
La declaración repite varias veces la palabra “transparencia” cuyo concepto se ha convertido en “icono” político para muchos ciudadanos y grupos preocupados con la opacidad actual española. El proyecto de Ley de Transparencia en España está en tramitación y debemos animar a que se establezca el deber administrativo de transparencia, de forma activa, automática, sin exigir petición expresa ni legitimación por interés directo o personal; su alcance debe extenderse tanto al orden de contratación de personal como al presupuestario, informando de cada gasto efectuado y de los comprometidos en cada administración pública; la información ha de darse en tiempo, en forma electrónica y entendible; es decir, la norma debe ordenar que se hagan públicos los asientos de la contabilidad de los entes públicos. Los mecanismos de transparencia serán un factor preventivo en la lucha contra la corrupción y servirán de freno para los excesos y derroches de las autoridades que, ante el simple temor a la información, evitarán hacer gastos injustificados o abusivos, porque sabrán van a ser públicos con posibilidad del reproche ciudadano.
Hay países, como Chile, que son un ejemplo en transparencia pública; la ley chilena merece ser analizada y copiada en lo sustancial, como modelo digno a seguir tanto en su alcance como en sus mecanismos de acción.
CONCLUSIÓN
La Cumbre Iberoamericana XXII celebrada en Cádiz el 16-17 de Noviembre de 2012 ha sido un éxito de asistencia de Jefes de Estado; ha conmemorado, brillantemente, el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 y ha aprobado la “Declaración de Cádiz” que anima a los estados iberoamericanos a fortalecer sus democracias mediante buenas prácticas administrativas, con mecanismos de transparencia pública de información y de rendición de cuentas a los ciudadanos.