La Justicia en la España de HOY pasa por malos momentos.
Hay grupos políticos que están agrediendo a la Justicia de forma grave mediante dos clases de presiones:
Primera, la presión a la institución en donde radica el poder judicial, es decir, al Consejo General del Poder Judicial.
Segunda, la presión directa a los jueces como personas físicas que deben juzgar ya en su jurisdicción unipersonal, ya en forma colegiada. Los jueces merecen el respeto que su función exige y no pueden ser tratados como súbditos sometidos a los mandatos del poder ejecutivo.
Los liberales, ciudadanos que creemos, defendemos y fomentamos el desarrollo de los valores democráticos, no podemos estar pasivos ante estos ataques a la justicia que acreditan síntomas peligrosos de recesión democrática. No podemos estar silenciosos y expresamos libremente, ante la sociedad civil española y los grupos políticos, que no nos gusta el acoso que sufren los jueces.
Los liberales creemos en la división de poderes y entendemos que los valores esenciales de la democracia, que son la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad están mejor protegidos por una organización judicial independiente y fuerte, no sometida ni utilizada por el poder ejecutivo. El poder judicial no puede depender del poder ejecutivo como hay intentos reiterados. Cuanto más independientes sean los miembros del Consejo General del Poder Judicial mejor podrán amparar y potenciar la independencia de los jueces –personas físicas– que imparten la función de garantía del Estado de Derecho. Cuanto mejores sean los medios personales y materiales de que disponga la administración de justicia más valorada estará nuestra democracia.
La sociedad española demanda una justicia fuerte e independiente porque el ciudadano no quiere perder las grandes conquistas conseguidas por vía democrática desde la transición política que culminó en la Constitución de 1978 en donde se recoge el principio de la tutela judicial efectiva.
Por ello, debemos denunciar la situación de acoso a la justicia, en el doble ámbito indicado y pedir, a los poderes políticos, ante la ciudadanía, que no utilicen el ámbito judicial ni a los jueces como herramienta para conseguir sus fines políticos y, mucho menos, presionarlos para que sentencien según sus deseos. Los objetivos políticos deben alcanzarlos los partidos políticos en el Parlamento a través de las elecciones.
El ciudadano pide justicia y el juez, un juez que debe ser independiente, objetivo y lo más sabio posible, imparte la justicia que será lo más acertada posible a criterio del juez, aunque la sentencia no sea acertada ni a gusto de alguna de las partes.
Tenemos que recordar en estas circunstancias a nuestro querido y admirado juez Federico C. Sainz de Robles que, desde su puesto de Presidente del Tribunal Supremo, luchó durante el proceso de elaboración de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985 por el correcto desarrollo del artículo 122, apartado 3, de la Constitución Española. No es momento de replantear si la expresión constitucional sobre el nombramiento de los 12 miembros judiciales del Consejo sí “entre” Jueces y Magistrados debía entenderse como nombramiento “por” y “entre” Jueces y Magistrados, que ahora tras la reforma de la Ley en 2.001 realizan las Cortes a propuesta de las Asociaciones de Jueces y Magistrados; pero resulta, que el procedimiento de nombramiento de todos los miembros del Consejo no es el más pacífico ni objetivo ni lógico para ofrecer a la sociedad española el mejor órgano de Gobierno de los jueces. Los partidos políticos de España, grandes y pequeños, han conseguido que el Consejo General del Poder Judicial sea una réplica de las mayorías alternantes del Parlamento. A la vista de la experiencia vivida y de las acusaciones partidistas genéricas de falta de legitimación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial creemos que lo positivo es replantear la interpretación del artículo 122 de la Constitución Española, ó modificar este precepto para introducir nuevos factores que permitan cambiar el sistema de elección a la vista de la insatisfacción general.
Pero no acaban aquí los males. La extraña evolución del modelo de distribución de poder político territorial ha animado a los partidos nacionalistas a pretender insistentemente la conquista de parcelas de poder judicial para su Comunidad Autónoma; pero lo que vemos no es tranquilizador sino muy preocupante.
Esta pretendida y deseada fragmentación judicial, augura muy malos presagios. Recordemos las manifestaciones de grupos de ciudadanos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presionar a los jueces por el simple hecho de haber llamado a declarar al Presidente del Gobierno Vasco.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley no puede ser exceptuada porque el privilegio es, singularmente, la demostración de la desigualdad.
Hechas estas denuncias, debemos recordar que la justicia es el elemento esencial de la seguridad jurídica. Hoy en día la seguridad jurídica es un factor de desarrollo de un país y es “medida” por índices elaborados por Institutos de Análisis internacionales que valoran la situación de legalidad, alegalidad ó ilegalidad de los Estados; y especialmente valoran el nivel de corrupción general o sumisión judicial a influencias políticas o de otro orden.
Los efectos de la inseguridad jurídica se extienden, como mancha de petróleo, desde la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones hasta la inestabilidad de las inversiones económicas. Hoy día el mundo está globalizado. Un Estado con insuficiente nivel de seguridad jurídica, no consigue atraer ni mantener las inversiones económicas. Creo que los partidos políticos españoles deben levantar la vista y ver el mundo globalizado actual, porque los inversores evalúan a cada Estado, entre otros factores, por su nivel de seguridad jurídica, y eficaz administración de justicia. Si no hay seguridad jurídica no hay inversiones, e incluso puede provocar la huida de capitales. Es mejor no recordar los ataques recientes a la propiedad privada en Barcelona mediante ocupación ilegal de viviendas.
En consecuencia, la seguridad jurídica no es sólo una cuestión política; repercute también en el nivel económico y en el bienestar de la sociedad civil.
Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español