Movimiento ciudadano catalán

Respuesta ciudadana ante la iniciativa separatista en Cataluña

Las elecciones autonómicas de 25 de Noviembre de 2012 celebradas en Cataluña podemos denominarlas del anuncio de CIU para convocar un referéndum ilegal de autodeterminación o independencia de Cataluña. Aparentemente, surgió la demanda independentista de forma improvisada, a causa del despecho por no obtener el pacto fiscal “con” España que se sumaba a la presión popular de la Diada; por ello, el líder Sr. Mas anticipó las elecciones y pidió al electorado una mayoría excepcional, a modo de plebiscito personal para alcanzar en la Cámara 68 diputados o más, sobre 135, para avanzar en el proceso de independencia. Sin embargo esta iniciativa ha sufrido un traspiés electoral al bajar CIU de 62 a 50 diputados y representa un fracaso de la propuesta, aunque CIU sigue siendo el grupo mayoritario en la cámara.

Han sido los ciudadanos, en las urnas, los que han parado momentáneamente este proceso de intereses políticos “inalcanzables” para muchos españoles ya que, si el independentismo hubiera alcanzado esa mayoría excepcional, habría significado un golpe de efecto ante la comunidad internacional, por la aparente legitimación de la iniciativa y facilitaría, a otros países, la “comprensión” por el referéndum pretendido.

Aunque se haya parado este golpe, el independentismo en Cataluña es un asunto que no debe darse por zanjado pues el órdago lanzado, ha sido grave y no debe olvidarse; además, va a seguir vivo, ya que Esquerra Republicana, el otro partido independentista, ha obtenido 21 escaños, que, sumados a los 50 de CIU representan la mayoría del Parlamento catalán.

La campaña electoral ha puesto al descubierto la facilidad de los nacionalistas para insultar a otros españoles, su exceso de pasión y la falta de explicaciones responsables al cuerpo electoral, sobre cuestiones trascendentales, jurídicas y económicas, que una hipotética independencia causaría a Cataluña.

El proceso independentista seguido ha sido maquiavélico. Desde Septiembre de 2012 ha estado animado por los muchos medios de comunicación públicos o subvencionados, afines a CIU, seguido por los medios internacionales, también, interesados; ahora bien, todo ello, sin información exacta e íntegra porque ha habido una consciente ocultación de datos disponibles pero no publicados.

La maniobra política seguida también ha querido aprovechar lo que creía debilidad del Estado, por la crisis económica, evitando, a su vez, el esfuerzo de gestionar el “día a día” con los recortes y reformas necesarias y haciéndola coincidir con el pacto sobre el referéndum en Escocia, que es tema distinto. Tantas coincidencias prueban la cuidada planificación de estas elecciones anticipadas.

Ahora vemos que este proceso “urgente” estaba perfectamente planificado pero, a los ciudadanos ignorantes, nos parecía que las cosas avanzaban por enfrentamiento político, improvisadamente, sin embargo nos alarmaba tanta rapidez y que la Generalidad no aportara estudios razonados de los efectos que la separación de España produciría en Cataluña.

Precisamente, para facilitar el conocimiento razonado a los votantes, ha surgido una espontánea y argumentada respuesta política y técnica de ciudadanos, asociaciones y grupos de personas, ajenos a los partidos políticos y al propio gobierno, que han puesto al descubierto las falsedades, las omisiones y las dudas que presentaban los miembros de CIU, por ejemplo en el tema europeo, que han permitido votar con la razón, con más argumentos, y no sólo con los estímulos sentimentales de CIU.

Los informes ciudadanos han analizado los aspectos jurídicos de la Constitución Española y del Tratado de la UE; este último no permite en su art. 4.2 seguir en la Unión a regiones desgajadas y el art. 49 exige al nuevo estado a pedir su ingreso en la UE, que requerirá la unanimidad de todos los Estados miembros.

Se han publicado multitud de artículos de prensa y varios manifiestos de intelectuales, con influencia en la sociedad, alarmados por la senda iniciada y desde el área económica ha habido reacciones de empresas anunciando que se desplazarían a otra región. A ello hay que añadir la acción de organismos de la sociedad civil que han presentado estudios económicos completos. Puede verse el magnífico informe “Las Cuentas claras” de Cataluña, hecho por Convivencia Cívica de Cataluña, que ha dirigido su responsable de estudios Jesús Sanz Prim, con la colaboración del miembro de Convivencia Francisco Caja y del experto en materia de financiación autonómica, Mikel Buesa.

Este magnífico informe puede leerse en la Web: http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/. Analiza el resultado catastrófico que la separación de España produciría en la economía de Cataluña; así, la creación de fronteras arancelarias perjudicaría las relaciones comerciales de Cataluña con el resto de España que suponen más del 50% de su producción; su sistema financiero necesitaría una nueva moneda; no tendría acceso al crédito, porque su deuda es bono basura y la deuda pública de Cataluña de 44.000 millones de euros se vería incrementada con el 16% de la deuda española, y llegaría a 200.000 millones de Euros: la deslocalización de empresas sería inmediata. El nuevo estado saldría de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio a la que podría incorporarse, pero tardaría años en negociar los aranceles, etc Este informe calcula en un 20% la caída del PIB de Cataluña. Otro informe ha sido elaborado y publicado, con rapidez y profundidad por el Instituto de Estudios Económicos.

CONCLUSIÓN

El planteamiento separatista e independentista del Sr. Mas fue detenidamente planificado; con la convocatoria anticipada de elecciones autónomas quisieron ocultar a los electores los graves efectos jurídicos y económicos de una hipotética Cataluña independiente. Sin embargo, la sociedad civil ha reaccionado, con rapidez, denunciando las ocultaciones, mentiras, las falsedades jurídicas y los catastróficos efectos económicos que la independencia supondría para Cataluña; ya que debería salir de la UE y de la OMC, se desplazarían muchas empresas, aumentaría el paro y se calcula en un 20% la caída de su PIB. Esa catástrofe la han detenido, momentáneamente, los ciudadanos en las urnas, con la información de la sociedad civil.

 

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