En esta tardía primavera de 2013 están apareciendo, como las setas en el campo, activistas políticos que, ante concretos problemas que viven la sociedad y las instituciones españolas, aportan “sus” soluciones a las que para darles más eficacia, suman acciones de coacción, violencia, escrache…; además, manifiestan abiertamente su intención de quebrar la estabilidad constitucional en España incluso rodeando el Congreso de Diputados. No consiguen con sus métodos confundir al ciudadano: ¿es ejercicio del derecho de manifestación que grupos de 200 ó 300 personas, “escrachers”, protesten, griten, acosen y rodeen a un diputado o su vivienda?. Evidentemente, estas acciones no son ejercicio legal del derecho de concentración o manifestación pacífica porque conllevan intimidación y violencia totalitaria que viola la convivencia y que la autoridad debe impedir porque restringen la libertad y el derecho a la intimidad de otros ciudadanos.
Aunque el número de acosadores no es elevado, sus acciones no pueden ser minusvaloradas porque persiguen fines políticos, provocan desasosiego en los ciudadanos y crean, a nivel exterior, la apariencia de inestabilidad en España; precisamente el Finantial Times del 16 de abril publicaba una editorial con esta apreciación.
Lo sorprendente de estas agresiones es la falta de reacción de algunos partidos políticos que no condenan e incluso comprenden estos actos ilegales siendo así que el art. 6 de la Constitución Española dice que los partidos políticos “expresan el pluralismo político”. Tal vez les ayuda a desviar la atención de sus problemas locales (PER andaluz; corrupción y déficit en Cataluña…) o para poder llegar al poder por el “atajo” de la inestabilidad social en la calle; también concurre que hay partidos a los que urge tocar poder (recursos, colocaciones…) y, a otros (nacionalistas) les interesa socavar constantemente la estabilidad institucional pues creen que la debilidad estatal les adelantará el sueño de la independencia.
Paralelamente a estas acciones de violencia física e intimidación moral, ha surgido “un debate intelectual”, que tampoco ofrece soluciones para los problemas concretos sino que “exigen” el cambio total del sistema político. Plantean cambios radicales: desde la forma de Estado hasta las bases de la propiedad privada; república versus monarquía por las circunstancias personales de algún miembro de la familia real; Estado Federal frente a Estado autonómico porque quieren un sistema asimétrico de financiación autonómico; expropiaciones de viviendas para aliviar los desahucios, cuando este drama humano puede resolverse sin agredir a la propiedad privada, de modo urgente y cumpliendo las leyes, facilitando en alquiler tantas viviendas sociales disponibles; acoso a diputados porque no “obedecen íntegramente” la iniciativa legislativa popular para paralizar ejecuciones hipotecarias e imponer la dación en pago, cuando en el Estado de Derecho, la ley y los contratos deben cumplirse y pueden buscarse soluciones lógicas y rápidas respetando la seguridad jurídica.
Los ciudadanos y partidos políticos conocemos que la Constitución española de 1978, aprobada como final de la Transición democrática, por amplia mayoría de los españoles, establece un esquema institucional para la convivencia democrática, que debe ser cumplido y no puede violentarse con la presión de unos, la urgencia de poder o los intereses económicos de otros.
Actualmente existen problemas en España que han hecho perder la confianza a los ciudadanos en algunas instituciones; deben analizarse en su cruda realidad; pero ni la alteración social ni la ruptura institucional ayudan a solucionarlos; tampoco ayudará el inmovilismo, porque los problemas deben encararse y explicarse a los ciudadanos. A mi juicio la solución es la regeneración democrática, que impulse con urgencia la reforma, revisión y saneamiento institucional porque afrontar un proceso de cambio constitucional no compensaría, ahora, el tiempo y el esfuerzo necesarios. En todo caso, la propia Constitución de 1978 regula el procedimiento de reforma en los arts. 166 y ss. que debe seguir quien desee el cambio constitucional.
Los problemas reales son esencialmente tres: la corrupción, el separatismo y la situación económica, que padece también un grave déficit estructural del gasto público; podría incluirse un cuarto problema, los desahucios, de repercusión social grande, pero de poca cuantía y solucionable con buena voluntad desde nuestro ingente el sector público y parque de viviendas.
La corrupción se combate con una ley de transparencia preventiva y con el Código Penal. Con el separatismo hay que convivir, pero los gobernantes locales deben cumplir la Constitución de 1978, las leyes y las sentencias, porque la autonomía no es soberanía, y los españoles son libres e iguales en cualquier lugar de España.
Las reformas económicas son imprescindibles. España es un país rico, pero parece y sufre como pobre porque se ha gastado, cada año desde 2008, entre 70.000-90.000 millones más de lo que ingresa y ya debe 1 billón de euros, que equivale casi al 100% del PIB. Hay que ser rigurosos, reducir el gasto, cumplir con Europa (Tratados y compromisos) y ajustar el gasto público a nuestros ingresos. La solución no es subir más los impuestos porque el crecimiento requiere inversores privados y, es necesario adelgazar la burbuja de las Administraciones Públicas.
CONCLUSIÓN
En España no hace falta una segunda transición, faltan reformas económicas y regeneración institucional que incorpore leyes modernas para dar transparencia y confianza a los ciudadanos; falta gestión eficaz administrativa y falta buena fe pues es penoso que unos totalitarios pretendan imponer sus ideas y tomarse la justicia con su mano y con coacción; tampoco se entiende que una Comunidad Autónoma apruebe una ley de expropiación temporal de viviendas para evitar desahucios, cuando es más operativo facilitar al necesitado una de tantas viviendas sociales, sin demagogia y sin quebrar la seguridad jurídica.