Robert Greene es un conocido escritor y conferenciante americano especializado en cuestiones de estrategia y de crisis políticas; publicó en 1998 un libro titulado “Las 48 leyes del poder” que fue un gran éxito editorial. Las llamadas “leyes” son interesantes recomendaciones que conviene seguir a los políticos que aspiran a conseguir el poder o a conservarlo pues traen causa de la experiencia vivida por los grandes políticos de la historia. En estos momentos de zozobra para el Presidente del Gobierno de España, que está legitimado por la amplia mayoría de su grupo político en el Congreso, sería bueno que repasara algunos de los 48 principios de esta obra entre los que puede elegir varios aplicables. Por ejemplo, la ley 18 aconseja no construir fuertes para protegerse pues aislarse es peligroso; por tanto, el politólogo Robert Green le aconsejaría que hablara y que actuara dadas las circunstancias de expectación en territorio nacional y en el ámbito internacional. En efecto, muchas personas esperan una exposición clara, lógica y completa de lo ocurrido en las finanzas del partido popular y/o, en las de su extesorero, y, paralelamente, nadie espera autoinculpaciones porque toda persona goza de presunción de inocencia y cada uno de nosotros, dice la ley 5 del indicado autor, debe defender su reputación. Así, nadie, podrá acusarlo políticamente de callar. Estos son los parámetros entre los que el autor aconseja moverse a los políticos y puede aplicar el Presidente del Gobierno. La ley 18 expone que emboscarse y aislarse es peligroso y pone el ejemplo del poderoso enclaustrado en el fuerte.
“En lo alto de la colina, la ciudadela se convierte en un símbolo de todo lo que es odioso del poder y la autoridad. Los habitantes de la ciudad te traicionan por el primer enemigo que aparece. Corta toda comunicación e inteligencia y la ciudadela cae con facilidad.”
Así pues, hablar es imprescindible y, además, contactar con la gente pues son los ciudadanos, votantes y contribuyentes los que desean, intensamente, un cambio de rumbo de la democracia española. Por ello, hay que hablar, contactar y se debe atender las demandas ciudadanas presentando los proyectos de leyes esperadas que pongan las bases hacia la regeneración y cambio de la situación actual; es decir, hay que poner en España los métodos y requisitos de control para que no vuelvan a ocurrir las malas practicas e influencias de los políticos y sus partidos, ya se trate de influencias o presiones “fuertes” o débiles o de contabilidades desconocidas, o de falta de trato igual en la vida interna de los partidos.
Desde las últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, que ganó por mayoría absoluta el partido popular y situó como Presidente del Gobierno al Sr. Rajoy, los ciudadanos españoles estamos esperando las acciones de gobierno imprescindibles para hacer los cambios que nuestra democracia necesita.
Esta situación no conviene a España pues, en nuestro mundo globalizado e informado, todo trasciende y los medios de comunicación multiplican las informaciones y comentarios sobre los casos de corrupción y los problemas económicos; el Financial Times del lunes pasado daba más espacio al caso del extesorero del Partido Popular que al tema del déficit público y del gasto público en España.
Pero el ejercicio de gobierno no puede quedar al ralentí por los problemas internos del partido lo respalda, ni a los ciudadanos nos vale que ese problema sea de los partidos en general; en efecto, si la mayoría de los partidos principales del arco parlamentario tienen análogos problemas ello pone de manifiesto tres aspectos que, urgentemente, deben resolverse por el parlamento para respetar la democracia, las instituciones y a los ciudadanos españoles.
Los tres aspectos son verdaderas razones de preocupación y son:
Primero, la regulación de los partidos políticos cuya reforma legal es imprescindible. Así, es lamentable que el Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía designe una heredera en el cargo aunque haya existido un simulacro de democracia interna, sin que otros aspirantes al liderazgo hayan conseguido siquiera que se celebraran unas elecciones internas “primarias” y todo, sin aludir al caso ERE. Por otro lado, la mayoría de los partidos políticos tienen miembros incursos en causas penales por razón de financiación ilegal o de corrupción que, lógicamente, son conocidas y comentadas en España y en el extranjero.
Segundo, la financiación de los partidos políticos, que debe ser exclusivamente privada, mediante cuotas de afiliados y de donaciones efectuadas, con publicidad, e ingresados en cuentas bancarias. Por supuesto, entendemos que no deben recibir subvenciones públicas. Y tercero, la contabilidad transparente, auditada y publicada externamente en una página web.
Estas circunstancias han motivado la desafección de muchos ciudadanos hacia la política y los políticos y requiere hacer los mayores y mejores esfuerzos para salir de este “impasse” legislativo en materia tan importante para la democracia en España. Basta recordar que el art. 1º de la Constitución Española de 1978 propugna como valores esenciales del Estado social y democrático de Derecho “la libertad, la igualdad y el pluralismo político”. Además, cuando los miembros de los partidos puedan elegir entre diversos aspirantes que compiten por el liderazgo, mejoran los candidatos y los resultados.
CONCLUSIÓN
La situación política de España requiere que el Presidente del Gobierno se exprese y hable de las cuestiones de su partido. Pero lo mejor es que, además, presente un paquete de medidas legales para regenerar nuestra democracia y los partidos políticos. Una democracia moderna necesita que los ciudadanos confíen en sus instituciones y que el pluralismo político se refleje en criterios de legalidad en la actuación de los partidos políticos; en su democracia interna efectiva y no simulada; que su contabilidad sea pública y esté auditada, y que la financiación sea privada, transparente, y no subvencionada.