El editor del Diario Melilla Hoy, Enrique Bohorquez, me ha invitado, en mi condición de liberal y Presidente del Club Liberal Español, pero sobre todo por ser melillense y miembro del Foro de Melilla, en Madrid, para que aporte cada sábado una nota sobre los avatares de la libertad en España (o sobre lo que quiera, según me dijo). Inicio esta colaboración con mucho gusto y con el deseo de despertar o espolear el núcleo de libertad que tiene cada uno de nosotros ya que son muchos los ataques y menosprecios que los españoles estamos sufriendo en nuestras libertades. Comentaremos en notas sucesivas el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 a conmemorar el 19 de Marzo de 2012 así como las diversas cuestiones candentes que afectan a la libertad, como el déficit público, la ley electoral, la independencia del poder judicial o, como hacemos hoy, la ley prohibitiva de celebración de corridas de toros en Cataluña. Por ello, en cada “nota en libertad” semanal pondré la calificación “liberal” que, a mi juicio, merezca el asunto tratado que será de deficiente, suficiente o notable.
La libertad es indivisible y hay parcelas de libertades individuales o de libertades colectivas que se ganan y se pierden cada día; cada disposición normativa, cada proyecto legal o decisión de los poderes públicos suele tener algún elemento que refleja el respeto o la falta de respeto a la libertad o la propia democracia; tenemos que recordar que nuestra Constitución de 1978 es de corte liberal compensada con el principio de igualdad: así el art. 1º de la Constitución Española alude a los valores superiores del ordenamiento: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El termómetro de la libertad en este comienzo del siglo XXI marca temperaturas distintas según se trate de países norteamericanos y europeos o países emergentes.
En unos países se está viviendo un período caliente, expansivo de deseo e implantación de libertad; basta ver la situación de los países de la llamada primavera árabe y de los países que integraban la URSS y sus satélites cuya desintegración los ha llevado, a algunos de ellos, a avanzar rápidamente por la senda liberal y democrática, aunque otros, lamentablemente, deben despertar porque escaparon del comunismo pero están cayendo en otro tipo de dictadura oligárquica (Federación Rusa, Ucrania y algunas ex repúblicas soviéticas asiáticas).
Por el contrario, algunos estados europeos de democracia más o menos madura están “fríos”, en materia de libertades, tal vez porque están obsesionados en mantener a ultranza el nivel alcanzado de gasto público en el llamado Estado de Bienestar de corte igualitarista, aunque es imposible mantenerlo por falta de ingresos públicos. Además algunos países europeos tienen graves problemas de crecimiento económico y de paro, y por si fuera poco también problemas territoriales (identitarios, nacionalistas) y todo ello les hace olvidar el esencial fundamento de toda democracia que es respetar a sus ciudadanos; en efecto, si se respetara a las personas, como ciudadanos individualmente considerados, no se habrían cometido tantos excesos políticos ni realizando inversiones absurdas en nombre del “pueblo” o del “territorio”.
En España hemos vivido estos días un triste caso de regresión de libertad.
El domingo 25 de septiembre de 2011 en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona se ha celebrado su última corrida de toros en virtud de aplicación de una Ley del Parlamento de Cataluña que ha prohibido la celebración de corridas de toros en la Comunidad Catalana a partir del 1 de Enero de 2012. A mi juicio esta ley es inconstitucional, pero sobre todo es un error, una torpeza.
La Ley prohibitiva aludida, a mi juicio, no respeta la libertad individual, (de ir o no al espectáculo de toros) ni de libre empresa, ni reconoce la libertad en la cultura popular arraigada y además, en estos tiempos de desbocado déficit público tendrán que indemnizar a los perjudicados (propietarios, empresarios…). Todos sabemos que las corridas de toros se celebran en locales cerrados a los que asiste quien quiere y paga su entrada, es auténtica cultura popular, basada en la iniciativa privada, que no depende de subvenciones ni del presupuesto público. La prohibición es, por tanto, una decisión política cuyo fundamento único o múltiple (sea ecologista; de pérdida de afición; identitario; diferencial; de sensibilidad, etc…) no importa tanto a los ciudadanos libres como la imposición autoritaria, con un resultado liberticida, sobre la cultura libre. Los ciudadanos libres contemplamos pasmados esta decisión política que no respeta el valor de la libertad en la cultura, pretende hacer ingeniería social cultural, es decir, dirigismo cultural, y además tiene un coste indemnizatorio. Es un brindis al sol “caro” porque, si la fiesta estaba casi desaparecida en Cataluña, esta “puntilla” legal cuesta dinero y los políticos debieron pensar que era mejor y más barato que el toro muriera, en soledad, junto a las tablas del ruedo. Sin embargo han conseguido despertar a todo el mundo, con una despedida a Plaza Monumental llena, eufórica de fiesta de toros y a la espera de nuevos acontecimientos del Tribunal Constitucional.
En conclusión, la prohibición legal elimina la libertad de quienes quieren organizar una corrida de toros en Cataluña o asistir a ella como espectadores; dicha supresión de la libertad de elección de los ciudadanos carece de cobertura legal porque los poderes públicos han de actuar a favor de las manifestaciones culturales y no están legitimados para actuar en su contra mediante un mecanismo intervencionista.
La ley prohibitiva ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional considerando que es inconstitucional (arts. 44 y 149.2 C.E. 1978) pero no quiero cansar en esta primera nota a los lectores y cuando se dicte sentencia volveré al tema. También existe una iniciativa legislativa popular para declarar la fiesta de toros bien de interés cultural. Esperamos que más pronto que tarde se anule esta ley, errónea, antiliberal y con coste indemnizatorio, que merece la calificación de deficiente.