Ha surgido una polémica sobre las puntuaciones mínimas necesarias para que los universitarios puedan obtener becas y ayudas personales con motivo de un proyecto de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que se propone aumentar la puntuación vigente.
El Ministerio ha propuesto, y luego ha rectificado, el mínimo previsto de 6,5 puntos de media consecuencia de la oposición de la conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) y la crítica de otras opiniones, comentarios, escritos, etc. en general, inspiradas en el argumento de que la subida de la puntuación mínima es una injusticia social, porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades del alumno cuya familia tiene bajo nivel de renta y patrimonio.
El debate se ha planteado en el ámbito de la igualdad de oportunidades cuando en España casi el total del coste de la Universidad pública se sostiene por los recursos presupuestarios, pues los alumnos sólo pagan la matrícula; así que, aunque el problema parezca ser de menor cuantía, dada la amplia gama de ayudas y becas existentes que personalizan las necesidades de cada alumno, tiene un aspecto cualitativo que alcanza a principios que merecen analizarse.
En efecto, el verdadero problema debe centrarse en un doble ámbito; uno, que los recursos públicos son limitados y exigen una correcta asignación de gasto; y, en segundo lugar, que es preciso reconocer abiertamente la necesidad de incorporar los valores de esfuerzo y mérito de los alumnos sin reducirlos a los mínimos de aprobado de 5 ó al 5,5. Debemos reconocer que nuestro sistema debe incorporar una escala de premios, no de castigo, como dicen los críticos, respecto a quien no recibiera estas ayudas. Los conceptos y las palabras son determinantes en el ámbito académico y merecen incorporarse al debate sin dejarlo reducido al derecho a la igualdad. Es bueno reconocer que el problema es la falta de recursos públicos y que es necesario hacer un reparto o asignación a favor de los mejores alumnos por su rendimiento escolar; pero, incluso bajo la hipótesis de que hubiera superávit de recursos públicos ¿habrían de darse becas a todos los universitarios de familias con rentas menores por el hecho de aprobar?. La solución es exigir más a todos “ricos y pobres” de familia para que no se eternicen en las clases y elijan otra formación como es la profesional. Los recursos no son infinitos y el legislador por responsabilidad con el contribuyente debe establecer una escala de becas para todos ligadas al esfuerzo y al mérito; y, ello, porque así de dura es la vida en sociedad, en la empresa y de esa misma forma se pagan los impuestos. Más aún, cuando el estudio en la universidad es voluntario.
España tiene un triple problema en la enseñanza, todos acreditados con datos objetivos. Primero, el fracaso escolar que es, lamentablemente, una realidad “constante” en cada uno de los informes anuales de los organismos internacionales (PISA…) comparativos entre países; allí nos aconsejan tomar medidas urgentes para su corrección, mejorando el nivel de estudios y aprovechamiento.
Segundo, el gasto público en educación pública es mayor que la media de los países de la OCDE, pues representa el 6,5% del PIB español, sin que exista correlación entre el coste y rendimiento.
Tercero, el sistema educativo está obsoleto y para colmo se ha puesto el acento en la distribución administrativa de competencias entre las CCAA frente al sistema científico de autonomía académica olvidando la necesaria modernización de principios, métodos y organización educativa. En relación a los principios educativos falta incorporar en España los conceptos de esfuerzo y mérito; especialmente, porque en nuestro país la educación pública está prácticamente subvencionada al 100% con excepción del pago de las matrículas del curso, que no llegan a representar el 10% del coste real por alumno y porque el estudio en la universidad es voluntario.
Joaquín Costa hablaba a finales del Siglo XIX de la regeneración de España por la vía de “la educación y la despensa”. Últimamente, son muchas las entidades públicas que, en las CCAA, con motivo de la asunción de competencias en educación, gestionan la actividad educativa con fines ajenos a la formación, incluso para conseguir una “identidad” regional o una identidad lingüística propia, siendo así que en Europa los vientos corren a toda velocidad hacia la internacionalización en la formación y en idiomas para que les “sirva” a los jóvenes, donde quieran que vayan.
Un país moderno no puede encallar en el mar calmo de la “igualdad” cuando ni siquiera es necesario utilizar este concepto, pues nos movemos en el ámbito de la libertad; la escuela es obligatoria pero la Universidad no lo es, así que la sociedad puede exigir y preferir facilitar más ayudas al mejor. Exponía Daniel Bell en su obra “El advenimiento de la sociedad post-industrial” (Alianza Universitaria) que el problema clave de la sociedad post-industrial lo constituyen las normas generadas por el principio de mérito, que es central en la asignación de posiciones en la sociedad del conocimiento. Por ello, decía, existe una tensión entre “populismo y elitismo”, que se convierte en un asunto político de la sociedad.
CONCLUSIÓN
Una comunidad social que desee progresar en el ámbito científico y técnico debe vigilar la calidad de los estudios, la autonomía científica, el nivel del profesorado y el mérito de los alumnos. Cuando en España, en donde casi toda la educación pública es “gratis” para el alumno, pero que tiene un alto coste que pagamos todos los contribuyentes, se plantea el debate igualdad-mérito para la asignación de becas entiendo que debe abandonarse la demagógica referencia a la igualdad y redistribución de rentas; con este único argumento no se puede dejar de premiar a quien, voluntariamente, se esfuerza más, partiendo de la base de que existe una enseñanza obligatoria para todos los ciudadanos. El esfuerzo en el nivel universitario es perfectamente exigible por la sociedad para graduar el mérito en las becas de los alumnos. Es una lástima que el Ministro Wert haya retrocedido.