El epitafio grabado en la lápida de la tumba, en la Catedral de Ávila, del que fue Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, dice: “La concordia fue posible”. Tras su fallecimiento el 23 de marzo de 2014 se han producido multitud de manifestaciones de respeto y de admiración por el importante trabajo que hizo entre 1975 y 1978, inspirado en la concordia y el consenso; se trató de una buena labor, encargada por el Rey, que consiguió cambiar el sistema político español transformándolo de dictadura en democracia. Fue una etapa de incertidumbres ante el futuro postfranquista: qué pasará; pero la razón y las cesiones de los grupos políticos y el sacrificio de numerosos profesionales ilusionados por la libertad la hicieron culminar con éxito. La transición supuso el final de una época y el comienzo de otra. La ley de Reforma Política de 15 de diciembre de 1976 fue el detonante que acabó con el sistema anterior que exigió convencer, para su autoinmolación, a las últimas Cortes “orgánicas”. Con la reconciliación, se inició el camino hacia la democracia; luego, se celebraron las elecciones generales constituyentes el 15 de junio de 1977, se aprobó la Constitución el 6 de diciembre de 1978 e inmediatamente, se celebraron las elecciones de 1979. Las dos citadas elecciones las ganó UCD, presidida por Adolfo Suárez.
En este periodo de la historia de España se sumaban los problemas; además de los políticos y sociales, la situación económica era muy difícil, a causa de la segunda crisis del petróleo, la inflación cercana al 20%, el paro de 2 millones de personas, y, permanentemente, el terrorismo de ETA abonando la desestabilización, tentando acabar con la transición y dando fuerza al inmovilismo. Sin embargo, gracias a la convicción de Suárez, la transición española salió bien y, actualmente, es modelo en la doctrina política y sirve a los regímenes totalitarios que se deciden a encarar el proceso de transición hacia la democracia.
La Constitución de 1978 fue, esencialmente, un pacto constitucional, tras una ardua negociación de la Constitución; participaron las fuerzas políticas de ámbito nacional y de ámbito territorial reducido y, todas, decidieron resolver el asunto territorial de los nacionalismos, pactando la creación del modelo de administración territorial del Título VIII, de amplía autonomía, y de casi corte federal. Ello permitió arrancar ordenadamente hacia las formas democráticas, al ejercicio de las libertades y con la gestión descentralizada de asuntos públicos creando administraciones más cercanas al ciudadano.
Treinta y seis años más tarde hay importantes desbordamientos del sistema constitucional que deben ser encarados, con y desde la Constitución y con y desde el espíritu constitucional. Tenemos problemas urgentes y graves que exigen revitalizar el espíritu de concordia, porque la concordia es “y debe ser” posible al tratarse de cuestiones que afectan a todos los españoles, exceden de los intereses partidistas, territoriales o ideológicos y alcanzan al mismo núcleo de la democracia y del Estado de Derecho.
Son tres los ámbitos que la concordia debe encauzar: la unidad de España y el cierre de la cuestión competencial de las autonomías; la regeneración de los partidos políticos, la reforma del sistema electoral y la lucha contra la corrupción; y la necesidad de un pacto por el empleo y equilibrio presupuestario.
Primero.- España es indivisible y el soberano pueblo español, es el único que puede marcar su futuro. Es muy importante que los partidos políticos que creen en la unidad de España, lo digan expresamente en cualquier lugar de España y actúen en consecuencia. Como ha dicho la STC de 25 de marzo de 2014, que ha anulado la declaración soberanista de Enero de 2013 del Parlamento de Cataluña, quien quiera reformar la Constitución, que siga el cauce legal previsto. Como tantas veces ha dicho la jurisprudencia constitucional: autonomía no es soberanía.
El proceso de cesiones de competencias estatales a favor de las Comunidades Autónomas ha sido muy largo y necesita una cláusula de cierre. Las autonomías han generado un fenómeno desconocido antes en España como son las elites regionales, una clase política exclusivamente pendiente de su región que, a base de ejercer en su autonomía, se ha creído soberana, y trata de debilitar y extinguir los vínculos con el Estado, porque les resultan insoportables y caen en los excesos independentistas.
Radica su error en el desconocimiento del origen de las autonomías y que este modelo fue eje en el mecanismo de entendimiento de la negociación constitucional. Así pues, estos excesos son auténticos incumplimientos del espíritu fundacional autonómico, hecho a satisfacción de, especialmente, los nacionalistas.
Segundo.- También la concordia debe facilitar la regeneración política. Se deben establecer mecanismos anticorrupción, de rendición de cuentas y del gasto público, porque la gestión de los recursos públicos, de todos, exige total transparencia y en el siglo XXI hay mecanismos eficaces de control “a priori” y “ex port”. Igual cabe decir sobre la Ley Electoral ya que las listas electorales cerradas no son ya admisibles y el ciudadano exige conocer y tratar a su representante electo.
Tercero.- Otro ámbito de concordia debe ser el principio presupuestario de no gastar más de lo que se ingresa. Las finanzas públicas no soportan el déficit estructural actual y permanente de casi el 7% del déficit anual. Añadir 70.000 millones de deuda cada año al actual volumen de deuda de 1 billón de euros nos va a hipotecar el futuro pues, sólo por intereses, habrá que pagar, anualmente, casi 50.000 millones de euros.
CONCLUSIÓN
Como dice el epitafio de la lápida del Presidente Adolfo Suárez, “la concordia fue posible”, y con ella se aprobó la Constitución de 1978 y se abrió España a la democracia y a las libertades. Hoy, debemos decir que también la concordia “es” posible para hacer ordenadamente, las reformas políticas que exige la España del siglo XXI.