El gasto sanitario público en España es de aproximadamente 70.000 millones de euros (7% del PIB) sobre un gasto sanitario total, público y privado, de 90.000 millones. Los ciudadanos españoles sienten gran aprecio por el sistema sanitario público al que el art. 43.1 de la Constitución Española se refiere como “derecho a la protección de la salud”, aunque algún partido dice, exageradamente, que es “público, gratuito y universal”, porque, se paga, claro que se paga. El sistema público sanitario español tiene fama, quieren disfrutarlo extranjeros y si algún español sufre alguna enfermedad en otro país, incluso europeo, de inmediato le dicen que es mejor que se vaya a España en cuanto le sea posible.
El problema está inmerso en el presupuesto español que ha tenido déficit continuos desde 2008 de de entre el 11% del PIB al 6,5% en 2013, que ha sido deficitario aproximadamente en 65.000 millones de euros y no se consigue rebajar. Eso significa que España vive por encima de sus posibilidades económicas y se deben reducir gastos estructurales de las Administraciones Públicas, y por supuesto, del gasto sanitario público. Más aún, el gasto sanitario público se ha incrementado el 40% desde 2002 mientras que el PIB per capita, se ha ido reduciendo desde 2007 y está a nivel de 2002; es decir, el gasto sanitario no ha vivido el frenazo del PIB, ha crecido indebidamente y debe corregirse con esfuerzo de gestión y de ahorro, incluido el copago; además la crisis económica ha hecho aumentar el gasto por subsidio del desempleo en nuestro país. En resumen, el modelo sanitario público actual no es sostenible económicamente, los ciudadanos no podemos plantarnos con reivindicaciones imposibles y el personal sanitario no puede intentar blindarse en su “statu quo”.
En 2013 la Comunidad de Madrid adoptó la decisión de reducir gastos de gestión sanitaria y convocó la licitación para la adjudicación de la gestión, manteniendo la propiedad pública, de 6 hospitales universitarios con el fin de mejorar la gestión y reducir los costes; esta fórmula ya es conocida, con manifiestas ventajas de gestión y ahorro, en otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucía, Valencia e incluso en Madrid.
Antes de la convocatoria del concurso público ya hubo protestas y manifestaciones de trabajadores sanitarios, de sindicatos, del partido socialista, etc. que no querían ningún cambio en la gestión pública sanitaria. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, que gasta en sanidad 7.000 millones de euros, de su total presupuesto de 14.000 millones de Euros, convocó el concurso para adjudicar la gestión de los 6 hospitales pero cometió una equivocación en la determinación de la cuantía de la fianza; la AFEM, Asociación de Facultativos, recurrió ante la sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspendió la tramitación por Auto de 11-09-13 que ha ratificado por Auto de 27-01-14.
Han surgido tantos comentarios sobre el tema que he decidido leer el Auto de 27 de enero de 2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (sección 3ª) del TSJM en el que desestima el recurso de reposición contra la suspensión citada de 11-09-13 y, en efecto, la interpretación que han hecho las partes del recurso y algunos medios de comunicación de la resolución judicial, ha sido un aquelarre de declaraciones y posiciones políticas manipuladas completamente alejadas de su contenido. Finalmente, la Comunidad de Madrid, ha decidido no recurrirla, acertadamente, pero no ha anunciado que vaya a iniciar un nuevo concurso, tal vez por temor a nuevas presiones políticas y de la calle.
Sobre el auto las posiciones han sido totalmente contrapuestas por razones ideológicas. Ha merecido el elogio de la entidad recurrente, AFEM, y de parte de la población madrileña que han dicho que los jueces dicen que es ilegal la privatización, lo que es falso, ya que el Auto no ha negado la posibilidad de gestión privada de los 6 hospitales públicos porque no ha entrado a conocer ese tema, y, la Ley de Contratos del Sector Público lo admite.
Otros han acusado a los jueces de bloquear una iniciativa política necesaria, obstruyendo la externalización, privatización o concesión de la gestión de los 6 hospitales a empresas privadas. Ambas interpretaciones son equivocadas e interesadas, lo que acredita que falta alguna concreta comunicación veraz de lo ocurrido, pues el auto ha utilizado argumentos absolutamente ajustados a Derecho que han puesto en claro que los servicios administrativos de la Comunidad Autónoma, que convocaron el concurso público, no estuvieron “finos”. La convocatoria de la licitación fijó la fianza a constituir por los posibles licitadores en la cantidad del 5% anual del precio de adjudicación siendo así que la Ley de Contratos del Sector Público exige el 5% del total del contrato que era para 10 años y de cuantía evaluada en 4.680 millones de euros. La diferencia es importante pues, haciendo un cálculo rápido, la fianza en su conjunto pasaría de 23 a 230 millones de euros. Pues bien, puesto de manifiesto tal error, la Comunidad Autónoma volvió a errar calificando su error de simple error material o aritmético y lo “subsanó” con una corrección de errores publicada cinco días antes del término del plazo de ofertas. Esta es la razón de la suspensión cautelar judicial y la sala ha tenido que mantenerla porque, ese error era conceptual y generaba una “apariencia de buen derecho” a favor de los recurrentes.
CONCLUSIÓN
La sanidad pública española necesita mejorar la gestión, controlar y reducir gastos que han crecido el 40% desde 2002, mientras el PIB per capita se ha reducido a niveles de 2002. El sistema de gestión privada sanitaria es completamente legal y la Comunidad de Madrid, si realmente desea el cambio de gestión, debería volver a convocar un nuevo concurso sin los errores que motivaron la acertada suspensión por las resoluciones judiciales.