Estos próximos meses de 2013 van a ser de gran actividad e intoxicación política a causa de la “consulta” por la independencia propuesta por el Gobierno de Cataluña que dispone de muchos medios de propaganda, entre ellos, 7 televisiones y muchos contratos internacionales de lobby y de imagen. Es habitual que los partidos políticos utilicen números “inventados”, bastantes datos manipulados y algunos exactos para hacer atractivas sus propuestas ante el electorado. ¿Recuerdan cuándo el Partido Socialista en una campaña electoral decía que crearía un Millón de puestos de trabajo en España? Por ello hay que distinguir entre “números” sacados al azar y “datos”, es decir, los hechos que configuran la información veraz, ya se refieran al crecimiento económico del PIB, empleo, pensiones, etc.; que tienen una fuente conocida de elaboración, un método y se obtienen de hechos contrastados y públicos. Viene esto a cuento del proceso de independencia iniciado por el Gobierno de Cataluña porque van a utilizar datos manipulados, que deben ser contradichos con fundamento, pues su propaganda pretenderá respaldar el victimismo como justificador de la aspiración independentista. Sabido es que la consulta no tiene fundamento legal pues el art. 1.2 de la Constitución española de 1978 reconoce la soberanía nacional en el pueblo español y que la iniciativa de convocar referéndum que afecte a todo el país es competencia exclusiva del gobierno de España, pero, sin perjuicio de estos argumentos jurídicos, deben prepararse datos que sean contraargumento ante falsedades. El Sr. Mas dice que Cataluña está siendo maltratada por falta de inversiones y de presupuesto público del Estado; así lo ha hecho el mismo día de la inauguración del tramo del AVE de Barcelona a Figueras. Los reproches en ese día fueron una descortesía y son falsos pero todo vale para su objetivo. También ha repetido la cantinela falsa de que Cataluña (no dice “los contribuyentes”) es el mayor aportante al presupuesto de ingresos del Estado cuando lo cierto es que la Comunidad de Madrid quien más aporta, que a su vez recibe menos que Cataluña y, para colmo, entrega 2.500 millones de euros al Fondo de solidaridad y Cataluña solamente 750 millones de euros.
De lo dicho se deduce que el Sr. Mas no da argumentos sólidos sino hace meras afirmaciones que, con el respaldo del aparato de propaganda de la Generalidad, pueden crear dudas. El aluvión continuo de falsedades crea una sensación de impotencia y confusión en los ciudadanos que, por un lado, carecen de una información suficiente y, por otro, esperan que las instituciones contesten con prontitud y exactitud. La realidad es que en gran medida muchos ciudadanos no “iniciados” viven en la “inopia”, no conocen los datos reales ni el criterio de solidaridad seguido por el actual sistema de financiación que se ha completado con el Fondo de Liquidez Autonómica.
Por ello es muy importante y democráticamente positivo, explicar y exponer el actual sistema de financiación autonómica, su evolución a lo largo de estos 35 años, la deuda, ingresos, gastos y déficit que tiene cada Comunidad y que proyecto tienen para gestionar la situación de modo que las restricciones afecten, mínimamente, a los servicios básicos sociales.
Alvin Toffler en su obra publicada en 1990 “El cambio del Poder” razonó extensamente sobre el factor del conocimiento acumulado. Anunció, y hoy día es ya una realidad, que las bases de datos serían cada vez más potentes y su uso “particular” por el poder podría restringir la libertad y la democracia. Hoy existe la información, el poder hace uso de ella, pero no la pone a disposición del ciudadano, que la ha pagado, que ya no es súbdito sino un diligente pagador de impuestos, y que ve como su esfuerzo fiscal se diluye en el magma del gasto público e incluso termina enriqueciendo a personas sin escrúpulos, corruptas, situadas en o junto al poder. La corrupción se parará en seco con información y, si algo resta, con el Código Penal.
En esta obra dice Toffler que existe una triada de poder compuesta por la fuerza, el dinero y el conocimiento; la fuerza y el dinero son “finitos” y son pocos los que disponen de ellos, pero el “conocimiento” puede ser de todos, con carácter igualitario y tiende a ser ilimitado.
Es adecuado lo dicho y la “sociedad del conocimiento” ofrece las mismas oportunidades a todos y se presenta como un elemento revolucionario de la democracia, con las limitaciones legales oportunas por razones de intimidad, pero representan un avance muy positivo al ser un potencial para la participación democrática, el control institucional y el desarrollo de oportunidades empresariales.
Lo democrático en el siglo XXI es la transparencia para que todos puedan disponer del conocimiento de forma “igualitaria”. La técnica actual permite dar información con datos agregados, desagregados, en términos absolutos y relativos, según regiones, per cápita, etc. Los ciudadanos, los partidos políticos y los interesados por los asuntos de interés general podrán hablar con fundamento y no “de oídas” y se podrá combatir la insistente propaganda cargada de falsedades. En el Parlamento español ahora se tramita el Proyecto de Ley de Transparencia sin darle el alcance democrático comentado ni la importancia empresarial que merece para comparar nuestra realidad económica con la de otros países, comparar la gestión de los presupuestos entre Comunidades Autónomas y conocer los porcentajes que cada presupuesto destina a cada servicio.
CONCLUSIÓN:
La sociedad del conocimiento es una gran oportunidad para nuestro país reforzando nuestra democracia y el sistema económico, pero exige la puesta a disposición pública de los datos e información acumulada producida por las administraciones públicas; por el contrario, el uso particular o restringido es un riesgo en disposición del poder.
La información acumulada debe hacerse transparente y accesible para todos, pues representa un potencial de regeneración y participación democrática, son un medio para conocer y argumentar con fundamento y puede servir para combatir datos manipulados y repetidos por la propaganda.