Desde finales de 2013 el gobierno de España está lanzando la idea de que nuestro país no necesita más reformas puesto que, las realizadas, ya producen efectos y son suficientes.

¿Realmente, saben los gestores públicos lo que quieren y necesitan los ciudadanos?. Para conocerlo es importante leer los datos de las encuestas que se realizan a la población española y, una y otra vez, el resultado es parecido; las tres primeras angustias ciudadanas son, por este orden: el paro, la corrupción y la clase política, y la situación económica.

En relación al paro de casi 6 millones de ciudadanos y a la situación económica en España, el gobierno reitera que está concentrado en intentar salir de la crisis y, ciertamente, hay expectativas de crecimiento moderado en 2014. Pero, hasta ahora, las reformas estructurales adoptadas se están acreditando insuficientes porque, para crear empleo, hay que crecer por encima del 1,5% del PIB y ello exige aumentar la libertad de mercado, la seguridad jurídica y económica y crear condiciones atractivas para la inversión privada. Se admite que la reforma laboral hecha es de corta ambición y necesita una revisión; que la reforma de pensiones es de vigencia lejana; y la ley de Unidad de Mercado respeta la muletilla enervante del “sin perjuicio de las competencias autonómicas”. Otras reformas estructurales, imprescindibles siguen pendientes pues para alcanzar la estabilidad presupuestaria se requiere la reducción del gasto y del déficit público así como la reforma de la Administraciones Públicas, de lo cual se conoce poco. Además, ha habido recientes actuaciones legislativas que han quebrantado compromisos legales con los inversores en el sector eléctrico de las energías renovables y, finalmente, las últimas reformas sólo tratan de aumentar la recaudación subiendo impuestos o cotizaciones laborales, como la sorpresa navideña de las cotizaciones por prestaciones en especie, todo lo cual no ayuda al ahorro y a la inversión.

España para salir de la ciénaga del desempleo y demostrar que es un auténtico país europeo, maduro, necesita no sólo “ser visto, sino ser”, realmente, un país seguro, jurídica y económicamente, en donde se cumple la ley y se respeta el derecho a obtener beneficios.

Los datos macroeconómicos no permiten la pasividad del gobernante. En 2013 el déficit público ha sido algo superior al 6,5% del PIB, límite comprometido con la Unión Europea; la deuda pública viva va a alcanzar, durante 2014, la friolera de 1 billón de euros obligando a emitir deuda pública en cuantía de 240.000 millones de euros para atender vencimientos y para cubrir el déficit del año en curso que, será otra vez de cerca de 60.000 millones de euros. Son cifras escalofriantes. De otro lado, hay buenas noticias; la subida del IBEX 35 un 20% durante 2013 y la bajada del diferencial de la prima de riesgo de la deuda situada ahora alrededor de 200 puntos básicos, dan confianza y mejoran expectativas. Pero no se puede cantar victoria porque no hay motivo; el coste financiero de la deuda viva va a ser de cerca de 40.000 millones de euros anuales y precisamos crecer para crear empleo; así pues, no podemos darnos por satisfechos ni ahorrar esfuerzos porque el gobernante tiene el deber moral y político de hacer todo lo posible para atender las necesidades de los españoles.

Es tan cierto que necesitamos esforzarnos más, mucho más, que el Índice de Libertad Económica publicado en Enero 2014 por el Wall Street Journal y la Fundación Heritage, sitúa a España en el puesto 49º en la clasificación de 177 países en libertad económica. Hemos perdido 18 puestos en 3 años y, así, no podemos estar satisfechos ni dar las reformas por acabadas; somos sólo un país “moderadamente libre”.

El otro ámbito de actuación urgente requiere la regeneración de nuestro Estado de Derecho; los partidos políticos deben funcionar democráticamente y las instituciones han de ser freno y contrapeso unas de otras. En diciembre de 2013 se ha publicado el índice Transparency International sobre percepción de la corrupción del sector público y abuso de poder, en el cual tampoco nos dan buena nota. En una escala sobre 100, los países más limpios son Dinamarca y Nueva Zelanda con 91 puntos, mientras a la cola están Afganistán y Corea del Norte con 8 puntos cada uno. Es este índice España ha perdido 10 puntos; ha pasado del puesto 30 al 40, y nos encontramos con una puntuación de 59 sobre 100.

Para reducir eficazmente la corrupción las administraciones deben establecer controles preventivos, transparencia y control contable posterior; la división de poderes no es algo teórico, es algo práctico que sirve para controlar el poder político y requiere la independencia del poder judicial; por eso es tan lamentable la componenda partidista de noviembre de 2013 en la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial pues ha acreditado que los principales partidos políticos no desean que exista un poder judicial independiente.

CONCLUSIÓN

En España, actualmente, hay buenas noticias de carácter económico, pero no debe cantarse victoria, ni dar las reformas por acabadas, pues no lo permiten casi 6 millones de personas sin empleo. Para salir de la crisis económica es imprescindible crear un marco legal estable que de seguridad jurídica y económica para atraer inversiones y disponer de mecanismos, preventivos y correctivos, que frenen la corrupción y malas prácticas.