El gobierno de Cataluña ha remitido un informe al gobierno de España en donde habla de deslealtades de la Administración del Estado y reclama 9.375 millones de Euros por supuestas deudas de las que carece de título jurídico; casi la mitad de la cantidad por razón de la Disposición Adicional 3ª (inversiones en infraestructuras) del último Estatuto de 2006, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en STC 31/2010 y la otra mitad, para nuevas inversiones, que tampoco es deuda.
Parece que el corolario sería: o nos pagan o seguimos el programa de ruptura, hacia la independencia; esa “advertencia”, que no “amenaza”, sobre una hipotética declaración unilateral de independencia que haría el Parlamento de Cataluña, la formuló el diputado de CIU, Sr. Durán, en pregunta dirigida al Presidente Sr. Rajoy en el Congreso de Diputados el 16 de octubre sobre qué “agenda” tiene el Estado para calmar y satisfacer a Cataluña. El Presidente contestó diciendo que su agenda es trabajar para que España y, por tanto Cataluña, salga de la crisis económica y se pueda crear empleo; ciertamente, pudo completar la respuesta reconviniendo que deben cumplir las leyes del Estado y las sentencias de los tribunales.
Los gobernantes catalanes pretenden vivir en una burbuja aislada sin cumplir las leyes y sin sufrir la dura realidad económica que nos rodea, con alta tasa de paro, crisis económica y corrupción sobre la que, por cierto, podrían actuar los nacionalistas. Sin embargo, su labor se limita a dar pasos de su programa por la “independencia” despreciando hacer su trabajo de gestión diaria y gastando recursos públicos en acción de propaganda antiespañola para intentar dividir la sociedad catalana.
El primer asalto, de la hoja de ruta independentista tras la declaración soberanista de 23 de enero de 2013 del Parlamento catalán, fue en julio de 2013 cuando el Presidente autonómico de Cataluña remitió una carta al Presidente Sr. Rajoy solicitando autorización para convocar, solamente, a los ciudadanos de Cataluña, a un referéndum consultivo sobre el derecho a decidir la independencia. La respuesta fue no, aunque con otras palabras.
El 11 de septiembre el gobierno de Cataluña y los nacionalistas organizaron una cadena humana, segundo asalto, para pedir el referéndum, y el 14 de Octubre han remitido un informe, tercer asalto, de supuestas deslealtades del Estado exigiendo, sin título jurídico, el pago de 9.375 millones de Euros.
La pregunta es: ¿pararían su programa si reciben 9.375 millones de Euros?. Joaquín Leguina, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de forma castiza, ha dicho que se los den, si dejan de dar la matraca de la independencia. Sin embargo, en cuestión de “dar y recibir” hay que ser justos y, sin perjuicio de adecuar el modelo de financiación autonómica, no puede estarse al arbitrio y capricho de los insaciables independentistas.
Esos gobernantes, legítimamente elegidos, no quieren ver la realidad y la legalidad en cuya virtud ejercen el gobierno, ya que ejercen competencias de autogobierno, no de soberanía, en base a Constitución española de 1978, que nos configura como Estado de Derecho, al que todos, ciudadanos y organismos públicos estamos sometidos. España es el estado unitario más antiguo de Europa; todo el pueblo español es titular de la soberanía nacional, y el gobierno del Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de 1978, de las leyes y de las sentencias, sin admitir amenazas, ni consultas, que no respeten las leyes. El art. 1º de la Constitución Española de 1978 dispone en su apartado 2º: “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; y el art. 2º que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
El gobierno autonómico de Cataluña debe recordar que el origen de esa Comunidad Autónoma está en la Constitución, que creó el sistema autonómico como organización territorial del Estado (art. 137 de la Constitución), para el autogobierno (art. 143.1) de cada comunidad y que han sido las Cortes Generales (art. 144) las que han aprobado la creación de cada Comunidad Autónoma y su respectivo Estatuto de Autonomía con el reparto de competencias en los términos de los arts. 148 y siguientes de la Constitución..
El control de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce, según dispone el art. 153 de la Constitución Española, por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno respecto a las funciones delegadas, por la jurisdicción contencioso administrativa y por el Tribunal del Cuentas en el orden económico y presupuestario. Finalmente, el art. 155, dice: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Parece que los soberanistas desean tensar la situación para provocar esta respuesta, que sería la correcta; si piensan que el Estado se quedaría quieto se equivocan.
CONCLUSIÓN
La petición-exigencia del Informe de las “deslealtades” del Estado frente a Cataluña y la reclamación indebida de 9.375 millones de € para –a cambio-, suponemos, frenar pero no detener el proceso independentista es una agresión más. ¿Pretende el Gobierno de Cataluña que el Estado ceda para evitar un hipotético acto ilegal de declaración unilateral de independencia?. La respuesta debe ser: no. El mero planteamiento es muy injusto respecto a todos los ciudadanos españoles, especialmente los que viven en Cataluña, que deseamos ser libres en España e iguales ante la ley.