La semana pasada la Fundación Wellington organizó un coloquio-debate, con asistencia de casi trescientas personas, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Es un tema de gran actualidad porque el sistema vigente hasta ahora ha caducado el pasado 31 de diciembre de 2013, ya que así se dispuso en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esta Ley fue unánimemente criticada por los tres ponentes del coloquio, porque había sido fruto no del consenso entre el Estado y las 17 autonomías, sino de un pacto bilateral entre el Gobierno socialista de Zapatero y el Gobierno tripartito (socialistas, Esquerra e IU) de Cataluña, con concesiones posteriores a Andalucía (importante caladero de votos), de modo que su aplicación ha llevado a una serie de quejas y agravios comparativos que se tratan de solucionar a base de parches, que es lo que son los distintos Fondos que el Estado se ve obligado a dotar ante las crecientes demandas de dinero de las Comunidades Autónomas.
Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid, intervino en primer lugar, destacando lo poco que le gusta el actual sistema y se puso claramente en contra de las “balanzas fiscales”, porque si no se calcula la balanza fiscal de cada uno de nosotros como ciudadano (es decir, lo que pago de impuestos menos los servicios que recibo), porque todos entendemos que los impuestos tienen que ser progresivos para ayudar a los más necesitados, y los ricos ni se quejan ni presumen de su solidaridad, es improcedente que las regiones más ricas echen en cara a las otras su contribución al Fondo de Solidaridad interterritorial, porque si contribuyen más es simplemente porque sus habitantes son más ricos y pagan más impuestos.
Fue más lejos todavía el segundo interviniente, Pedro Schwartz, Vicepresidente del Club Liberal Español y Catedrático, con su afirmación de que la “solidaridad” entre regiones es perniciosa para el desarrollo económico y que el Estado debe proveer a las Comunidades de los fondos necesarios para financiar un catálogo básico de servicios transferidos, y que sean las regiones las que, gestionando bien sus recursos y bajando los impuestos, incrementen su competitividad para atraer inversiones y mano de obra que eleven la renta per cápita de la región. Reconoció la incorrección política de su postura, que defendió como liberal y catedrático e ilustró con el ejemplo de Italia, donde desde los años cincuenta han intentado industrializar el sur, sin éxito.
“¡Qué bien se ven los toros desde la barrera!”, estaría pensando José Mª Rotellar, Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, mientras oía las intervenciones que precedieron a la suya. En ella, el Viceconsejero criticó los mecanismos actuales de reparto por su falta de objetividad y transparencia (hasta cinco veces utilizó la palabra “trampa”) y abogó por suprimir los Fondos-parche y repartir los recursos en base al criterio objetivo de la población. Destacó, además, como en la Comunidad de Madrid las bajadas y bonificaciones de impuestos se traducen en una mayor recaudación.
Terminó el coloquio con numerosas preguntas de los asistentes, preocupados especialmente con la deriva soberanista y de despilfarro de algunas Comunidades Autónomas.
¿Se deben o no publicar las balanzas fiscales? Parece que sí, en aras de la transparencia; pero primero hay que elaborarlas con criterios objetivos, que es lo que está haciendo por encargo del Ministro de Hacienda una comisión formada por Ángel de la Fuente, del CSIC; Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza; y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia. Aunque todavía no han terminado su propuesta, Ángel de la Fuente (viejo conocido del Club Liberal: en octubre de 2012 nos dio una conferencia que puede ser consultada en la página web del Club) en un artículo publicado este martes en la prensa nacional avanza que, con datos objetivos, completos (no seleccionados según convengan o no para el resultado) y una metodología científica para su tratamiento, el slogan de los nacionalistas catalanes “España nos roba” no se sostiene.
CONCLUSIÓN
La financiación de las Comunidades Autónomas nos afecta a todos en nuestro bolsillo; debemos exigir al Estado que suministre datos completos, objetivos, “entendibles”, desglosados, así como equidad y transparencia en los mecanismos de reparto y, paralelamente, a las Autonomías les debemos exigir, equilibrio en el gasto, moderación y productividad del gasto. Eso: buen gobierno.