El Presidente de la Comunidad Valenciana, Sr. Fabra, ha explicado de modo sencillo la motivación del cierre de Radio-TV Valenciana, Canal Nou, diciendo que su gobierno lo ha decidido por falta de recursos económicos ya que, la otra opción, era cerrar escuelas o centros de salud. La decisión del cierre de Canal 9 es racional desde el punto de vista presupuestario y político porque el ejercicio responsable de un gobierno es cumplir con los servicios esenciales que necesita la sociedad. Lo penoso es haber permitido llegar a las circunstancias financieras concurrentes del Canal 9 ya que se trata de una empresa pública en quiebra técnica, que ha vivido año tras año del presupuesto público, ha acumulado una deuda de 1.200 Millones de Euros, con una estructura personal desmesurada, sin haberla podido reducir en el ERE planteado, y que no ha sido capaz de conseguir ingresos suficientes para cubrir, siquiera, sus gastos corrientes; así pues, ha sobrevivido exclusiva y continuamente con subvenciones públicas y recursos del presupuesto autonómico, por razones ajenas a criterios empresariales, es decir, para ser botafumeiro del poder (Burns Marañón, en Expansión). Serán muy penosos los problemas derivados de los inevitables despidos.
Hay políticos, principalmente del PP, que han calificado esta decisión como de suicidio político para su partido ante las próximas elecciones al prever que no tendrán presencia suficiente en TV. Otros, la han calificado de valiente, siendo así que es imprescindible, pero la decisión es responsable y, acertada. El conjunto de ciudadanos de tal región lo va a comprender y, con toda seguridad, no repercutirá negativamente en los resultados electorales.
Pero esta forma de crear y mantener empresas con capital público se ha repetido muchas veces en España. ¿Pueden crearse y mantenerse empresas públicas, exclusivamente, o casi exclusivamente, sin un objeto que lo justifique, económica y socialmente, a costa de subvenciones del presupuesto público?. Evidentemente, no; y este caso, como otros, son una sinrazón. La creación de entes, empresas o fundaciones dependientes del presupuesto sólo es justificable si prestan un servicio público esencial; y, en todo caso, las administraciones sólo deben entrar en una actividad económica cuando su objeto sea esencial para el servicio público y no lo preste o lo pueda prestar (por ejemplo: defensa) la iniciativa privada. La Constitución Española de 1978 lo dice en el art. 38: “ Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”
En consecuencia, las administraciones públicas deben actuar de modo subsidiario respecto a la iniciativa privada, y destinar los recursos públicos para prestar servicios públicos esenciales; así pues, deben olvidarse de las actividades que pueden prestar las empresas privadas. El problema del Canal 9, empresa de entretenimiento, no es exclusivo y está replicado en los varias miles de empresas públicas u organismos nacidos al amparo público que actúan en ámbitos en donde hay o puede haber, iniciativa privada.
En cualquier caso la decisión es importante y ha de servir de ejemplo y referencia para otras administraciones que están manteniendo, con subvenciones y préstamos, empresas inviables económicamente e innecesarias socialmente. Los españoles pagamos altos impuestos que deben destinarse a cubrir necesidades públicas, y estar sometidos al control de los interventores públicos. En 2013 tendremos en España un déficit del 5,6% del PIB; son casi 60.000 millones de Euros que se gasta más de lo que ingresa, y esa situación no es sostenible para años sucesivos. Es evidente que se debe reducir gasto público y equilibrar el presupuesto porque los impuestos no pueden subir y, lo recaudado, debe destinarse a fines y gastos esenciales.
Precisamente, esta semana la UE ha recordado, simultáneamente al cierre del capítulo de la reforma bancaria, las reformas estructurales pendientes en España.
Ha citado 5 aspectos clave. Uno: El coste de las administraciones públicas en su conjunto, Estado, CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos debe ser ajustado a las necesidades públicas para evitar esfuerzos hercúleos, pues los ciudadanos-contribuyentes necesitan recursos de inversión. Segundo; aunque tenemos algunas agradables noticias desde agosto de nivel de inversión extranjera y de subida de las cotizaciones de los valores de Bolsa, seguimos con el importante objetivo de conseguir la unidad de mercado interior, rota por miles de normas que agotan a los más intrépidos empresarios. Tercero; es necesario dar seguridad jurídica a la inversión directa. Cuarto; es necesaria la reducción de la deuda privada y, quinto, la deuda pública va a llegar al 100% del PIB en 2014, es decir, a un montante de 1 Billón de Euros y su velocidad tiene un crecimiento peligroso. La cuestión de fondo a corregir es el desempleo de 6 millones de personas activas y, repetiremos una vez más, hay que dejar a las empresas privadas que creen empleo dándoles un marco jurídico y económico atractivo para hacer las inversiones.
CONCLUSIÓN
El cierre de la empresa de radio televisión Canal Nou, realizada por el gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, ha sido un acto de responsabilidad política y presupuestaria ya que, ni esta administración pública, ni ninguna otra, puede destinar recursos públicos, que son limitados, a mantener con subvenciones una empresa cuya actividad no es esencial para el interés general y que prestan otras muchas empresas privadas.