Artículo publicado en ABC el 21/11/2013
La trayectoria del Poder Judicial ya ha demostrado la perversa manipulación que sufre esta institución con la intromisión partidista en la designación de sus vocales.
EL PP ha consumado un error al consolidar definitivamente su renuncia a la defensa de un Poder Judicial liberado de ataduras partidistas. La apariencia de buen consenso mostrada por todos los grupos que han logrado cuota en el Consejo General del Poder Judicial es engañosa. Es la satisfacción después del festín. Ya han sido elegidos los ocho vocales no judiciales, que dan al CGPJ un perfil plano, salvo alguna honrosa excepción, y muy politizado, al incorporar a políticos como Álvaro Cuesta. Aún resta la selección de los vocales judiciales y del presidente, en la que PP, PSOE, PNV, CiU e IU renovarán su consenso por ocupar en el gobierno de los jueces las parcelas que ya tienen en el poder legislativo, cumpliendo así, de nuevo, la condición de inconstitucionalidad que previó el Tribunal Constitucional al admitir, con reservas, el sistema de elección parlamentaria de los doce vocales de origen judicial. Es curioso que a socialistas, nacionalistas y comunistas se les apaguen los bríos contra el PP y se avengan a pactar. Sacar tajada personal del asunto lima bastante su aspereza y deshace el impresentable «cordón sanitario» que vienen fraguando entre todos.
La abdicación del PP no tiene sencilla explicación, pero sí la tiene la adhesión entusiasta de los partidos que la apoyan, porque la promesa electoral del PP era confiar a los jueces la designación electoral de los doce vocales judiciales, como en el sistema de 1980, del que salió el CGPJ más respetado y mejor valorado de toda su historia. Con mayorías absolutas en el Congreso y el Senado, el PP tenía fácil cumplir su compromiso. Además, la trayectoria del CGPJ ya ha demostrado la perversa manipulación que sufre esta institución con la intromisión partidista en la designación de sus vocales judiciales.
Los socialistas, por su parte, incurren en una más de sus incoherencias, al participar en la renovación del CGPJ después de haber votado en contra de su nueva normativa, haberla impugnado ante el TC y haberla deslegitimado. El PP no aprende de la actitud de la izquierda ante la Justicia, y lo que ha conseguido es cancelar décadas de defensa de un sensato modelo de Poder Judicial, en cuyo gobierno participarían equilibradamente los propios jueces y el Parlamento y con el que hubiera permitido a la Justicia una verdadera protección institucional para la independencia de sus jueces. Es cierto que, en 2001, el PP alcanzó con el PSOE un pacto de Estado para la reforma de la Justicia que Rodríguez Zapatero rompió, como tantos otros, unilateralmente en diciembre de 2004 con una reforma al asalto para quebrar la mayoría conservadora del CGPJ. Pero, precisamente por esta experiencia, el PP debía haber mostrado más convicción en sus propios principios.