Un artículo de Editorial de EL PAÍS

Un viento de intolerancia aqueja a la vida pública española. Deteriora la calidad de los valores compartidos, la cohesión social y la capacidad de este país de contribuir a la mejora del entorno europeo y global.

La descalificación de lo ajeno, el desprecio del rival y la culpabilización del otro no son exclusivos de una clase política aficionada a centrifugar las reponsabilidades que son compartidas. Pero hallan en ese ámbito —que debería distinguirse por su ejemplaridad— un caldo de cultivo de efectos contaminantes. Prima el veto sobre la sinergia; la fijación de líneas rojas en lugar del deslinde de terrenos de encuentro; la proclamación de incompatibilidades en lugar de la búsqueda de la transversalidad, imprescindible en ausencia de mayorías evidentes.

La intolerancia procede en parte de una legislatura en que se abusó de la mayoría absoluta, del decreto-ley y de la imposición. Pero esas inclinaciones tienen más padres y, en todo caso, han acabado afectando, en distinto grado, a todos los dirigentes. Y en cascada, a todos los rincones del espacio público.

En el ámbito territorial se cotiza como nunca el desapego, la autosuficiencia y el supremacismo. Lo que en algún caso se traduce en soberanismos y antisoberanismos anticuados que conectan con lo menos noble de otras intransigentes experiencias europeas, a veces de sesgo autocrático. En el judicial se agudiza una cierta asimetría entre el tratamiento hacia los poderosos —sean exministros, banqueros o famosos— y un cuasi automatismo sancionador sobre los más… [continuar leyendo en El País]