El pasado jueves, se hacía oficial que el déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros. Representa el 5,16% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas. Deviene muy difícil cumplir con el del año 2016, fijado en el 3%. ¿Qué es lo que ha fallado? Juan José Garrido, en su excelente artículo del pasado día 1, nos recordaba que “fue hace cuatro años cuando el propio Montoro nos convenció de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria constituía el suficiente pertrecho para embridar el descontrol del gasto autonómico”. Y concluía: “visto lo visto, tampoco parece que haya sido garantía suficiente”. ¿Ha fracasado la Ley o los garantes de la Ley?

Hay pocos ámbitos y, menos menos, objetivos políticos, que disfruten de una mayor protección jurídica. La estabilidad presupuestaria está constitucionalizada (art. 135 CE) y es objeto de desarrollo por un una Ley orgánica, la 2/2012. Si cupiera dudas, el Tribunal Constitucional las ha resuelto en varias Sentencias (134/2011, 157/2011, 185/2011, 186/2011, 187/2011, 188/2011 y 189/2011). La estabilidad presupuestaria y el control del déficit son principios constitucionales que constituyen, en palabras del Tribunal, un “nuevo canon de constitucionalidad”. Tenemos, en definitiva, Derecho del más alto rango. Sin embargo, no tenemos nada. Ha demostrado que es un tigre de papel. Es elocuente que, en el primer año de vigencia del régimen de control, las Comunidades Autónomas se ajustaron. Una vez comprobaron que nada iba a suceder, el déficit se ha vuelto a desbocar. La capacidad de amenaza, que es la pieza esencial del Derecho, se ha agotado. Y de manera estruendosa. Cuando el Ministro de Hacienda sale ahora, en rueda de prensa, para reiterar las amenazas, está pretendiendo reconstruir la credibilidad del Derecho, cuando se ha demostrado que está muerto. Ya no intimida a nadie. Fue una solución eficaz cuando los operadores se creyeron que podía haber sanciones. Una vez se evidenció que no las habría, han vuelto a comportarse como lo hacían antes: y el déficit se ha disparado.

Los mecanismos de control previstos eran, sobre el papel, suficientes: medidas preventivas (el seguimiento de los datos y las advertencias de riesgo de incumplimiento); correctivas (la autorización por el Estado de las operaciones de endeudamiento y la aprobación del plan económico-financiero, así como su seguimiento) y coercitivas (acuerdo de no disponibilidad de créditos; constitución, cuando se solicite, por el Ministerio de Hacienda, de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su PIB; y, obligación de cumplir las (…continuar leyendo en EcoRegulación, el blog de Andrés Betancor)