«Las instituciones catalanas rechazan cualquier negociación que no parta de la celebración de su propio y exclusivo referéndum, solo de los catalanes, excluyendo al resto de los españoles e incumpliendo la Constitución. El Estado español no puede asumir una negociación política de esta naturaleza».
[…] Y la cuestión es esta: ¿está el Gobierno español «judicializando» la cuestión catalana? ¿Esta incumpliendo su obligación de dialogar?¿Esta amparándose detrás de las togas para obviar su responsabilidad política? En concreto: ¿es políticamente posible negociar la celebración del referéndum que proponen los independentistas?
Hasta hoy, las instituciones catalanas rechazan cualquier negociación que no parta de la celebración de su propio y exclusivo referéndum, solo de los catalanes, excluyendo al resto de los españoles e incumpliendo la Constitución. El Estado español no puede asumir una negociación política de esta naturaleza. Tendrá que seguir impugnando ante los tribunales cualquier actuación ilegal de los independentistas y, no menos importante, asegurando que se cumplen sus resoluciones. Otra cosa sería, o se parecería mucho, a la prevaricación. No se trata de asuntos que puedan contendientes privados resolver sin necesidad de acudir a los tribunales. Estamos ante un asunto que afecta de modo esencial al orden jurídico de la nación. El Estado de Derecho no es solamente un concepto vacío. Es la expresión jurídica y la garantía de la democracia.
No está ni estará, por tanto, el Gobierno «judicializando» el asunto con olvido de sus responsabilidades políticas, ni semánticamente, ni políticamente, ni jurídicamente. Estará cumpliendo la ley y exigiendo su cumplimiento por las vías propias de una nación civilizada y democrática. […]
Un artículo de Daniel García-Pita Pemán, publicado en ABC el 5 de junio de 2017.