Extracto de un artículo de Jorge de Esteban, catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO, publicado en EL MUNDO el 18 de octubre de 2016.
Hace unos días Julio Llamazares comenzaba un esclarecedor artículo con estas palabras: «Este es el panorama de la política española a fecha de hoy: un partido -el que gobierna el país en funciones- que tiene a la mitad de sus dirigentes sentados en los banquillos de los juzgados acusados de corrupción (a pesar de lo cual sigue siendo el más votado); un segundo partido -el que encabeza la oposición, también en funciones- que parece un patio de vecindad, con todos sus responsables a la gresca; un tercero, que a lo que aspira según su líder es a dar miedo; un cuarto, que va y viene ofreciendo sus votos al mejor postor y cinco o seis más pequeños, pero no por ello menos decisivos, que van desde los que piden la independencia para Cataluña y el País Vasco hasta los que se conforman con inversiones extras en sus territorios de implantación importándoles un rábano el resto de los españoles. ¿Alguien puede creer que esto es un país normal?».
Pero hay más, porque esta singularidad política afecta también a un grupo numeroso de intelectuales, profesores, artistas y otras categorías que recientemente firmaron un manifiesto bienintencionado para que se crease un «Gobierno de progreso» con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, lo que era una ingenua utopía. Pues bien, en esta situación nos encontramos precisamente en un momento decisivo para el futuro de España como nación, es decir, cuando la llamada «desconexión» de Cataluña, ha entrado en su recta final si antes no se encuentra una solución válida. No se piense, sin embargo, que esta amenaza separatista ha surgido ahora aprovechando el desbarajuste político e institucional que padecemos desde hace un año. Viene de antiguo, esto es, viene desde el mismo momento del proceso constituyente, en el que los partidos nacionalistas vascos y catalanes no admitieron un diseño definitivo del Estado descentralizado que ellos preconizaban.
La consecuencia fue, por un lado, que se aprobó un Título VIII CE que dejaba todo en el aire, estableciéndose una Constitución inacabada. Y, por otro, que se incluyese en la misma unas disposiciones que «amparaban y respetaban los derechos históricos de los territorios forales». Ambas cuestiones supusieron una clara anomalía constitucional, puesto que normalmente los procesos constituyentes empiezan de cero y finalizan cuando se aprueba la Constitución. En cambio, la CE admite derechos territoriales propios de otras épocas y no definía cuáles eran los territorios descentralizados que componen España, sin aclarar qué territorios eran nacionalidades y cuáles regiones, según su artículo segundo. Dos errores que […]
Un artículo de Jorge de Esteban, publicado en EL MUNDO el 18 de octubre de 2016.