«Existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en políticas activas de empleo». Es la conclusión a la que llega la Autoridad Fiscal (Airef) tras analizar estas políticas de gasto que se inyectan a las Comunidades Autónomas para luchar contra el desempleo, que en 2017 se llevaron entre 6100 y 6.500 millones de euros, según sus estimaciones.
Dice el órgano fiscalizador, en el estudio presentado hoy, que los objetivos de reparto de los fondos que distribuye el Ministerio de Trabajo no están claramente definidos, que «la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin» y que «los criterios contables no están normalizados, lo que hace que España se aleje de las mejores prácticas internacionales». «El sistema de subvenciones para la formación es cuestionable», apunta el organismo que hace unas semana dijo que en España había 14.000 millones en subvenciones sin controlar.
La Airfef arremete también contra la distribución de los fondos y afirma que el 40% se dedica a incentivos a la contratación frente al 20% que, por ejemplo, se lleva esta política de gasto en países como Alemania. La orientación del parado absorbe solo el 15%, la formación el 25% y apoyo al emprendimiento el […]
Un artículo de Susana Alcelay publicado en ABC el 12 de junio de 2019