Están ocurriendo cosas en España que, aunque cueste reconocerlo, nos alejan progresivamente de lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en el que los poderes públicos y los ciudadanos quedan obligados a cumplir las leyes y normas publicadas y vigentes, una vez debatidas y aprobadas de forma democrática por los representantes del pueblo (Congreso y Senado); igual obligación existe con las sentencias de los tribunales. El sistema constitucional democrático pretende alcanzar la convivencia democrática, como dice el Preámbulo de la Constitución Española de 1978, y ello exige cumplir el conjunto normativo, desde la Constitución hasta los reglamentos, es decir, unas reglas de juego comunes e iguales para todos que, en caso de incumplimiento, el ordenamiento democrático prevé restaurar mediante diversas medidas ejecutivas. Pueden ejecutar sus decisiones las Administraciones Públicas, los Tribunales (art. 117.3 CE) pueden “ejecutar lo juzgado”, y todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelva (LO 2/1979 de 3 de octubre). Sigue leyendo →