La democracia le ha sentado bien a la economía española y ha servido para consolidar el estado de bienestar. Así de breve lo dice la introducción del Informe recientemente publicado, en noviembre de 2014, por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que componen 15 de las mayores empresas españolas y el Instituto de la Empresa Familiar. El Informe es realmente interesante tanto por el análisis de la situación económica española, como por las metas, ambiciosas, que propone para reducir el paro en España en la llamativa cifra de 2,3 millones hasta 2.018. El conjunto de medidas que propone requiere una intensa actuación política que me ha recordado el comentario de Enrique Fuentes Quintana, cuando era Vicepresidente del Gobierno para AAEE, sobre la necesidad de aportar “soluciones políticas a los problemas económicos”. Eso nos lleva al riesgo del intervencionismo público en el ámbito económico, pero de lo que aquí se trata es, precisamente, de cambiar las regulaciones existentes, que son excesivas, reducen la competitividad empresarial y son frenos a la inversión. Se trata de crear condiciones atractivas a los inversores. Sigue leyendo
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