El 24 y 25 de febrero se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el llamado “debate sobre el Estado de la Nación”, en el que han intervenido el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, y los líderes de los grupos parlamentarios.

El Presidente hizo una correcta exposición de la realidad económica de España en donde, durante 2014, se ha iniciado la recuperación económica con un crecimiento del 1,40% del PIB; que se prevé sea en 2015 de entre el 2,5% y 3% (aunque el Sr. Rajoy, prudentemente, dijo: algo más del 2,40%); también aludió a la mejora del empleo, anunció la creación de 3 millones de puestos de trabajo, entre 2015 y los años siguientes, y prometió ayuda a las familias y reducción en algunos casos de cotizaciones sociales por los nuevos contratados. Transmitió la idea de que esta evolución económica positiva se pondría en riesgo si España entra en una senda política de inestabilidad, lo cual es cierto. Pero no aludió en este ámbito a tres problemas importantes: el déficit público crónico (en 2014 del 5,5% del PIB), la peligrosa deuda pública viva de 1 billón de euros y la indisciplina de algunas CCAA (Cataluña y Valencia) para controlar el gasto. Sigue leyendo →

Una de las reformas estructurales pendientes de España es la reducción del número de entes públicos, políticos y administrativos, así como de personas dedicadas a la política o a la administración. Hay que hacer un esfuerzo de racionalización para evitar costes y duplicidades administrativas. El número excesivo procede de la pluralidad de entes territoriales: ayuntamientos, organismos comarcales, diputaciones, Consejos insulares, etc. a los que se les ha superpuesto, por creación constitucional, las Comunidades Autónomas con sus respectivos parlamentos, gobiernos, administración autonómica y organismos autónomos y empresariales surgidos a su amparo; pero el exceso también nace del principio de autonomía funcional reconocido para cada nivel territorial. Para corregir esta saturación habrían de calcularse los costes de cada ente y adecuarlos a un modelo de reparto de funciones (y costes); es decir, se debe conocer, por razones de buena gestión económica, qué competencias tiene cada nivel territorial (empezando por el cierre de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas), cuánto se destina a gastos de organización y de personal, cuánto se debería destinar según sus funciones y lo que representa respecto al total de gastos e ingresos ordinarios para conocer su eficiencia. Sigue leyendo →