A lo largo de los últimos años han salido a la luz, generando gran alarma y preocupación ciudadana, conductas corruptas de algunos políticos, con resultado de enriquecimiento personal o para la financiación de sus partidos políticos; tales actos los han realizado desde el cargo público ocupado al que han llegado como representantes electos de alguna administración pública territorial o mediante designación política, ya en la Administración general del Estado, en alguna CCAA o Administración Municipal. Sus autores están siendo investigados, procesados, juzgados y en su caso condenados, lo que prueba que en España funciona el Estado de Derecho aunque se observan actos e informaciones indebidas o precipitadas que acredita que nuestra Justicia necesita mejorar en independencia y calidad técnica ya que su función es trascendental como garante de los derechos del ciudadano, entre los que se encuentra la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Sigue leyendo
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