Súbitamente, tras los resultados de las elecciones europeas de 25 de mayo pasado y  de las últimas encuestas de población, los líderes de los dos partidos mayoritarios se han dado cuenta de que gran parte de la población española está descontenta y desconfía de las actuaciones de los políticos y de quienes ostentan el poder; así que, casi al unísono, han comenzado a hablar de regeneración democrática, de forma apresurada e indefinida; por ejemplo, el PP quiere, antes de las próximas elecciones municipales de mayo de 2015, cambiar el sistema de elección de los alcaldes y el PSOE propone cambiar la Constitución de 78 para convertir a España en un Estado Federal, como si esta fórmula pudiera arreglar el desconsuelo del ciudadano o pudiera satisfacer a los independentistas. Nada se habla de reducción del tamaño de las organizaciones públicas, ni del déficit público, ni del billón de euros de deuda pública, ni de las listas electorales abiertas, ni de la independencia judicial, ni del sistema de elección de independientes como miembros de órganos constitucionales, ni de reducir el intervencionismo intensivo de las varias administraciones públicas territoriales en las actividades económicas, etc. Ha acertado el nuevo líder socialista al proponer la limitación temporal del cargo público a dos mandatos.

Hay varias causas explicativas de este súbito regeneracionismo pero, probablemente, hay una relación directa con la aparición de un movimiento de izquierda totalitaria, que persigue la igualdad  perfecta; y que si bien es utópico e inviable, ha hecho que los grandes teman que pueda arrastrar bastantes votos en las próximas elecciones y  romper el secular bipartidismo. Este movimiento no puede despreciarse porque proclama ideas retrógradas, y pretendería restringir la libertad individual,  acabar con los valores democráticos y convertir España en un país semejante a las dictaduras comunistas de Cuba o Venezuela. Pero  ha sido un resorte para que los dos grandes se preocupen y hablen de regeneración.

Por ello, es urgente que los dos grandes partidos trabajen, responsablemente, y con carácter urgente, en los dos ámbitos principales que duelen a los españoles, según las encuestas, para intentar cambiar el ánimo ciudadano y abrir expectativas, que son el paro y la corrupción. Acciones directas contra el paro y contra la corrupción paliarían tanta desafección política del ciudadano provocada por la larga crisis económica desde 2008, a la que se ha sumado la aparición de muchos casos de corrupción.

El problema del paro de más de 5 millones de personas activas, de los que muchas son jóvenes merece una campaña de contratación laboral, libre de cotizaciones sociales, por un período de un año, que sería, asimismo, formativo, hecha por la empresa privada, sin más gasto público, ni subvenciones. Sería suficiente la exención de las cotizaciones sociales y evitar el coste de la indemnización de salida. La lucha contra la corrupción exige mecanismos de transparencia de contratación pública y  del personal, con información pública y control a priori y a posteriori, así como una adecuada reforma penal. En países como Gran Bretaña y Alemania tienen fórmulas de control eficaces cuyas leyes y métodos deberían estudiarse.

El gobierno está actuando acertadamente con las reformas económicas iniciadas, pero faltan reformas económicas adicionales que atraigan a los inversores hacia España. Se necesita bajar impuestos y las cotizaciones sociales. Hay datos buenos; así el crecimiento económico previsto del PIB es del 1,5% en 2014 y 2% en 2015, la revalorización de los valores de Bolsa y la caída del diferencial del tipo de interés de la deuda pública. Pero la población requiere no sólo que mejore la situación macroeconómica, algo que ya ocurre, sino también, que llegue a los que sufren el problema del paro.

En Alemania, tras las elecciones generales de septiembre de 2013, los democristianos y los socialistas pactaron un gobierno de coalición cuando sus circunstancias no eran tan exigentes como las nuestras. En España, el Gobierno con su mayoría parlamentaria, puede adoptar estas decisiones urgentes en solitario, y mejor con el apoyo de los reformistas, e incluso de los socialistas. Pero las circunstancias apremian y  es urgente esta doble actuación. La confianza es la clave de la gestión por cuenta de otro (el mandato representativo) y exige que tanto el PP como el PSOE, abandonen sus tácticas minúsculas y estériles de socavar al otro,  pasando a la estrategia de atender los grandes ámbitos que necesita España entre los que destacan los dos citados. Ello se convertiría en un revulsivo inmediato.

Ahora, tras tantos casos de corrupción, Pujol, Ere, Gurtel, etc. existe un sentimiento de escándalo y alarma ciudadana,  que exige la adopción de medidas claras, comprensibles para los ciudadanos, sobre las reformas del Código Penal y la aprobación de una Ley de Transparencia, con un contenido contundente. Muchos juristas españoles pueden articularlo, pues conocen tanto la legislación extranjera como los métodos de las administraciones extranjeras para defender el dinero público de los ciudadanos. Incluso la situación se ha acentuado, al aparecer el independentismo como tapadera de irregularidades.

CONCLUSIÓN

La situación política en España, a nueve meses de las elecciones locales y a 15 meses de las elecciones generales, exige que los dos grandes partidos políticos aprovechen estos meses para recuperar la confianza perdida de muchos ciudadanos; para ello, podrían evitar sus continuos y estériles debates tácticos, centrándose en cuestiones estratégicas básicas entre las que destacan la adopción de medidas contra el paro y contra la corrupción. Los dos citados partidos pueden acordarlas porque son urgentes y perfectamente abarcables.