A los nacionalistas catalanes les ilusiona pensar que pueden decidir unilateralmente sobre la unidad de España y que tienen derecho a la autodeterminación de Cataluña porque son un pueblo —nación— con identidad diferenciada de la nación española. Saben los nacionalistas que este planteamiento violenta la Historia de España y la Constitución española de 1978, democráticamente aprobada por los españoles; también saben que según el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, Cataluña no sería admitida como nuevo miembro de la Unión Europea, ni como miembro del Euro, que muchas de las empresas e inversores allí establecidos se irían porque perderían la confianza y expectativas de futuro, y que los mercados de deuda se mantendrían cerrados para suministrarles los recursos necesarios. Es decir, creen que, en el siglo XXI, en un mundo globalizado pueden “construir” un estado nuevo contra la Historia y la ley, a cambio de una promesa a su pueblo de bienestar y felicidad para cumplir su destino en la historia del mundo.
Este envite nacionalista debe analizarse con frialdad, aunque incomoden la falta de afecto que acredita, las feas salidas de tono o impertinencias porque, lo importante, es que los españoles logremos —unidos— superar la situación de atrofia (hay que crecer) de la economía española de la que, creen los nacionalistas, que se escaparía Cataluña si sale de España, como si el resto de España tuviera la culpa de la gigantesca estructura autonómica que han creado cuyos gastos no pueden soportar.
Los nacionalistas cometen cuatro errores. El primer error es jurídico. El Parlamento catalán ha aprobado una resolución “a futuro” que “insta” al gobierno que nacerá de las próximas elecciones a plantear la autodeterminación y, dice el Sr. Mas, mediante un referéndum, sea o no legal. Sabe será ilegal porque la competencia exclusiva para convocar un referéndum es del Estado, según art. 149.1.32 de la Constitución de 1978, porque afectaría a la unidad de España y a la soberanía del pueblo español (arts. 1 y 2 de la Constitución 1978); para ello, claramente, no tienen competencia ni una ley del Parlamento de Cataluña ni su gobierno.
También dice la resolución que “constata” la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente su futuro colectivo. ¿Qué pueblo? ¿Los quinientos mil que se manifestaron el 11 S o los 7 millones y medio de residentes?
El error es jurídico, además, según el Derecho Internacional porque no procede esta vía para intentar obtener la independencia en países de larga tradición de unión territorial, como es España, unida en un Estado desde que los Reyes Católicos gobernaron unidos, desde 1487, aunque su matrimonio fue en 1469.
El segundo error es social. Es penoso este mítico planteamiento nacionalista ante la Historia de España y de Cataluña; carece de base histórica y plantea una auténtica aventura idílica para una sociedad mestiza. Los nacionalistas quieren aprovechar un momento de debilidad económica nacional olvidando que estamos integrados en Europa, y que en el siglo XXI se va a culminar la aspiración permanente de los españoles para la incardinación en Europa. En todo caso, hay que distinguir pues, sabemos, que los nacionalistas catalanes ni son Cataluña, ni son la sociedad catalana, sino sólo a una parte minoritaria y cerrada, de su población.
El tercer error de la propuesta independentista es económico. Este anuncio es la prueba de la desesperación y la incapacidad gobernante de CIU, que no quiere hacer sacrificios ni ajustes presupuestarios ni reformas estructurales que lastran la unidad del mercado español. Además, es lamentable esta situación, pues han pedido su rescate económico al gobierno de España solicitando 5.000 millones de euros, pero no son diligentes para reducir su gasto público improductivo: seis TV, embajadas, fundaciones, subvenciones, derroches, etc.; así, no son sostenibles, ni solos, ni en España, ni en Europa.
Finalmente, la resolución es un error político, pues aislaría a los ciudadanos catalanes, en un país intervenido por dirigentes nacionalistas, marginándolos de España y de Europa, construyendo una sociedad “cerrada” con fronteras que ofrecerían malas perspectivas de libertad individual, de racionalidad y de respeto a las leyes democráticas.
Esta resolución, en todo caso, no es positiva y tendrá efectos negativos, sobre todo económicos, para España y para Cataluña, porque introduce un factor adicional de inseguridad y desconfianza en los mercados y ante otras naciones.
Pero de todo hay que hacer una lectura positiva y creo que puede tener efectos positivos. Dada la trascendencia del asunto van a servir como detonante para fijar posiciones a favor de la unidad de España, va a hacer recapacitar al Partido Socialista, que se inclinará por la defensa de la Constitución de 1978. También hará hablar —por fin— a las grandes empresas asentadas en Cataluña, pues es obligado que defiendan su mercado nacional de 47 millones de españoles, sin ambigüedades, expresando de forma clara y alta su opinión negativa a la propuesta. Pero, sobre todo, servirá para animar al Gobierno de España para exigir de forma urgente el cumplimiento en Cataluña de las leyes y sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, como, por ejemplo, la reclamación de tantas familias para que sus hijos puedan estudiar, en idioma español, como lengua vehicular en las escuelas.
CONCLUSIÓN
Quienes creemos en España y en la libertad deseamos tener un estado reducido, pero eficaz, con menos intervencionismo, equilibrado en gastos e ingresos públicos, y contemplamos la propuesta de los nacionalistas independentistas como una utopía contraria a la Constitución de 1978, a la razón y a la libertad individual, porque la persona nace libre, sin adscripción a pueblo alguno. Por ello el Gobierno español debe actuar con la ley, sin temor al desafío y sin ceder a la presión del grupo nacionalista catalán.